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La Aduana de Concepción del Uruguay se enreda en un laberinto burocrático, dejando sin efecto dos disposiciones clave. Un 'error de tipeo' en los valores de una subasta electrónica y el increíble olvido de publicar una anulación, revelan fallas que podrían minar la confianza en los procesos aduaneros.
Un insólito episodio sacude a la Aduana de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, dejando en evidencia la fragilidad de algunos procedimientos administrativos. Mediante la Disposición 34/2025, el organismo se vio obligado a dejar sin efecto dos normativas previas que autorizaban y aprobaban los valores de una subasta electrónica de mercaderías, llevada a cabo el 13 de noviembre de 2025 a través del Banco Ciudad de Buenos Aires.
La historia es digna de un guion de comedia de errores. Primero, la Disposición DI-2025-31-E-ARCA-ADCOUR#SDGOAI, que aprobaba los valores de la Subasta Nª 3758, fue anulada por un 'error de tipeo' en los montos. Como si esto fuera poco, la disposición que ordenaba esa anulación (DI-2025-32-E-ARCA-ADCOUR#SDGOAI) ¡también tuvo que ser dejada sin efecto! ¿El motivo? Se omitió su publicación en el Boletín Oficial, un requisito indispensable para su validez.
Este doble traspié administrativo no solo genera un gasto de recursos y tiempo, sino que también arroja sombras sobre la transparencia y eficiencia de los procesos aduaneros. Aunque no se especifica el impacto económico directo de este 'error de tipeo', la falta de rigurosidad en la publicación de actos administrativos es un tema serio. Para los ciudadanos, esto resalta la importancia de la correcta difusión de las normativas que regulan la venta de bienes públicos, garantizando la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones. La Aduana, en su rol de control, debe ser un ejemplo de precisión, y estos incidentes, aunque parezcan menores, socavan esa imagen.
"La transparencia es la base de la confianza pública. Errores como estos deben servir de alerta para reforzar los controles internos."
¿Cómo se puede estar informado? Es crucial seguir de cerca las publicaciones del Boletín Oficial, ya que incluso las correcciones pueden tener un impacto indirecto en futuros procesos o licitaciones.
