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El Gobierno de Milei reglamenta la *controversial Ciudadanía por Inversión*, creando una agencia específica y un proceso que permite a extranjeros obtener la nacionalidad argentina a cambio de "inversiones relevantes". ¿Se abre la puerta a un nuevo modelo de inmigración de élite?
El Decreto 524/2025 ha caído como una bomba en el panorama político y económico, al reglamentar la controvertida figura de la "Ciudadanía por Inversión" en Argentina. Esta medida, que sigue al Decreto N° 366/25, establece un camino expedito para que extranjeros obtengan la nacionalidad argentina a cambio de realizar una "inversión relevante" en el país. La gran incógnita es: ¿qué se considerará una "inversión relevante"? La definición de este umbral, que será establecida por el Ministerio de Economía, es la clave que determinará el verdadero alcance de este "pasaporte VIP".
Para gestionar este nuevo esquema, se crea la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado bajo la órbita del Ministerio de Economía. Esta Agencia será la encargada de recibir y evaluar las solicitudes, coordinando con múltiples entidades de seguridad e inteligencia como el Ministerio de Seguridad Nacional, la Unidad de Información Financiera (UIF), el Registro Nacional de Reincidencia, el RENAPER y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). El objetivo es asegurar que el otorgamiento de la ciudadanía no represente un "riesgo para la seguridad nacional o los intereses nacionales". La Dirección Nacional de Migraciones tendrá la última palabra, basándose en los informes de la Agencia.
El Gobierno justifica la medida como un impulso a las inversiones y la creación de empleo, proyectando a Argentina como un destino atractivo para el capital extranjero. Sin embargo, la iniciativa ya levanta un polvorín de críticas y preocupaciones. Algunos analistas alertan sobre posibles riesgos de lavado de dinero, evasión fiscal y la entrada de individuos con historiales dudosos, a pesar de los filtros de seguridad prometidos. Además, genera un debate ético sobre la mercantilización de la ciudadanía y la creación de diferentes categorías de acceso a derechos. La ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) deberá adecuar sus sistemas para la tramitación de la CUIT a estos nuevos ciudadanos, integrándolos rápidamente al sistema tributario. La transparencia y la rigurosidad en la aplicación de este decreto serán cruciales para su aceptación social y su éxito real.
