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Una ola de decretos presidenciales sacude a las fuerzas de seguridad federales. Gendarmería, Prefectura, PSA y el Servicio Penitenciario Federal sufren reformas profundas para "achicar el Estado", modernizar su accionar y combatir el crimen organizado, todo bajo el paraguas de la Ley de Bases.
El Presidente Milei, junto a sus ministros Guillermo Francos y Patricia Bullrich, ha desatado una verdadera tormenta reformista en el corazón de nuestras fuerzas de seguridad. Con una serie de decretos que modifican leyes orgánicas históricas, el Gobierno busca "optimizar y mejorar el funcionamiento", "reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal" y "garantizar la transparencia" en Gendarmería Nacional, el Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Prefectura Naval Argentina. La base de estas transformaciones es la controvertida Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, que declara la emergencia pública y delega facultades legislativas al Ejecutivo.
El Decreto N° 454/2025 deroga la histórica Ley de Gendarmería Nacional N° 19.349 y aprueba un nuevo estatuto. La justificación es la necesidad de una fuerza "altamente profesionalizada, ágil y plenamente adaptada a los estándares modernos" para enfrentar el crimen organizado transnacional, el terrorismo, el narcotráfico y el contrabando. Se busca una "racionalización de funciones", "jerarquización de la carrera profesional" y la "eliminación de duplicidades normativas y operativas".
Con el Decreto N° 455/2025, el SPF dice adiós a su Ley Orgánica N° 17.236, que "no responde adecuadamente a la compleja y cambiante realidad". El nuevo estatuto promete modernizar la fuerza, fortalecer la seguridad carcelaria, mejorar las condiciones laborales del personal y garantizar el respeto de los derechos de los detenidos. ¡Una medida impactante! Se instruye al Ministerio de Seguridad a desafectar los inmuebles penitenciarios en zonas urbanas y gestionar su reubicación, con un plan de infraestructura penitenciaria. ¿Adiós a Devoto y Ezeiza en el corazón de la ciudad?
El Decreto N° 456/2025 mete mano en la Ley N° 26.102 de la PSA. La Policía de Seguridad Aeroportuaria amplía sus misiones para incluir la "protección de la Seguridad del Estado en el ámbito jurisdiccional aeroportuario" y "asumir la responsabilidad primaria de la seguridad en el transporte" a requerimiento del Ejecutivo. Se le otorgan más facultades en investigaciones criminales, inteligencia y prevención del delito en "espacios públicos digitales". Además, se crea un "Agrupamiento Técnico-Profesional" y un nuevo grado jerárquico de "Comisionado Inspector", reorganizando el control policial externo para mayor transparencia.
Finalmente, el Decreto N° 457/2025 modifica la Ley N° 18.398 de la Prefectura Naval Argentina. Se actualizan sus misiones, se formaliza su dependencia del Ministerio de Seguridad Nacional y se le otorga mayor jerarquía normativa al "SISTEMA GUARDACOSTAS", una herramienta clave para el control marítimo. Se la habilita para participar en "Misiones Internacionales" y se le asigna explícitamente la función de "Policía Auxiliar Pesquera". Se eliminan funciones obsoletas como el "privilegio de paquete postal" y la facultad de juzgar ciertas contravenciones, que ahora recaerán en la justicia.
En síntesis, el Gobierno avanza con una reforma integral de las fuerzas, buscando una mayor eficiencia y adaptabilidad a los desafíos actuales, pero también concentrando más poder en el Ejecutivo y bajo una lógica de achicamiento estatal. ¿Será este el camino hacia una seguridad más efectiva o una centralización riesgosa?
Estas reformas buscan una mejora en la seguridad pública y en la eficiencia del uso de los recursos estatales. La modernización de las fuerzas podría traducirse en una mayor capacidad para combatir el narcotráfico, el crimen organizado y garantizar la seguridad en aeropuertos y vías navegables. La reubicación de cárceles urbanas, si bien es un proceso complejo, podría significar la liberación de terrenos valiosos y una mejora en las condiciones de detención. Sin embargo, la concentración de poder y la redefinición de roles deben ser monitoreadas para asegurar el respeto a los derechos y la transparencia. La ciudadanía debe exigir que estas promesas de eficiencia se traduzcan en resultados concretos en materia de seguridad y justicia.
Dado el alcance de estas reformas, es fundamental seguir de cerca los comunicados del Ministerio de Seguridad Nacional y los informes de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre la validez de estos decretos. Los medios de comunicación especializados en seguridad y política también serán una fuente clave de análisis y seguimiento.
