Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Con la Ley de Presupuesto 2023 prorrogada para 2025, el Jefe de Gabinete de Ministros establece un marco de ajuste brutal, con topes de gasto, congelamiento de cargos y una vigilancia implacable sobre cada centavo. ¡Preparen las billeteras!
El Gobierno ha dado un paso crucial para el manejo de las finanzas públicas en 2025 al prorrogar la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, en línea con los decretos 88/23 y 1131/24. Esta decisión administrativa, firmada por el Jefe de Gabinete de Ministros y el Ministro de Economía, no es un mero trámite: sienta las bases para un ajuste fiscal sin precedentes, con un control férreo sobre el gasto público.
Las implicaciones son enormes para toda la administración nacional, desde ministerios hasta organismos descentralizados:
Esta medida refleja la determinación del Gobierno de mantener la "motosierra" presupuestaria, buscando la eficiencia y continuidad de los servicios mínimos y esenciales pero con una mano de hierro en el control del gasto. La flexibilidad en la reasignación de partidas, combinada con la presión para enviar remanentes al Tesoro, apunta a centralizar los recursos y asegurar la meta de equilibrio fiscal, aunque podría generar tensiones internas en la administración y afectar la operatividad de algunas áreas si los recortes son demasiado drásticos.
