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La Procuración del Tesoro de la Nación designa transitoriamente a María Alejandra Galatro como Directora de Sumarios e Investigaciones Administrativas, un movimiento estratégico para fortalecer el control interno.
En una decisión que busca reforzar la capacidad de investigación y control dentro de la órbita estatal, la PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN ha oficializado la designación transitoria de la Doctora María Alejandra Galatro (D.N.I. N° 20.206.033) como Directora de Sumarios e Investigaciones Administrativas. Este nombramiento, establecido por la Resolución 146/2025, es clave para la transparencia y la pulcritud en la administración pública.
La Dra. Galatro asumirá el cargo con carácter transitorio por CIENTO OCHENTA (180) días hábiles, a partir del 17 de julio de 2025. Su rol será fundamental en la Dirección de Sumarios e Investigaciones Administrativas, una unidad organizativa que fue recientemente incorporada a la Dirección Nacional de Sumarios, Investigaciones Administrativas y Auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación, un organismo desconcentrado del Ministerio de Justicia.
La cobertura de este puesto estaba exceptuada de las restricciones impuestas por el Decreto N° 1148/2024, lo que subraya la importancia estratégica que el gobierno le otorga a la función de sumarios. La medida no genera gasto extraordinario y cuenta con la certificación de disponibilidad presupuestaria.
La designación de la Dra. Galatro garantiza la continuidad y el fortalecimiento de las investigaciones administrativas, un pilar para la lucha contra la corrupción y la ineficiencia en el aparato estatal. El cargo, de Nivel B - Grado 0 del SINEP, incluye el pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel III.
La resolución también establece que el cargo deberá ser cubierto de forma definitiva mediante los sistemas de selección vigentes dentro del plazo de 180 días hábiles. Esto indica una intención de estabilizar la estructura de control en el mediano plazo.
Para el ciudadano: Este tipo de nombramientos, aunque técnicos, son un indicador de la voluntad política de mantener y reforzar los mecanismos de control y auditoría en el Estado, buscando mayor eficiencia y probidad en el uso de los recursos públicos.
