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Dos agentes civiles de la Armada Argentina vieron rechazados sus recursos jerárquicos por el Presidente. La lucha por un mejor escalafón y reconocimiento de antigüedad choca con la burocracia estatal, dejando la vía judicial como única salida.
En un revés para dos empleadas de la ARMADA ARGENTINA, el Presidente de la Nación ha rechazado los recursos jerárquicos que buscaban modificar sus reencasillamientos escalafonarios. María Gabriela MUSOTTO (DNI 23.489.706) y Sonia Alejandra VILTE (DNI 21.665.661) agotaron la vía administrativa en su intento por mejorar sus condiciones laborales, una situación que resalta la rigidez de los procedimientos en la Administración Pública Nacional.
Ambas agentes habían interpuesto recursos contra la Resolución del MINISTERIO DE DEFENSA N° 614/17, que dispuso su reencasillamiento a partir del 1° de junio de 2017. Musotto, con título de Bachiller Contable y más de 21 años de antigüedad, fue ubicada en el Agrupamiento Administrativo, Nivel IV, Grado 7. Vilte, con título de Profesor y Técnico Superior en Electrónica y casi 30 años de servicio, se encontró en el Agrupamiento Técnico, Nivel IV, Grado 10.
Las recurrentes alegaron haber sido erróneamente reencasilladas, argumentando que sus titulaciones y antigüedad no fueron debidamente valoradas. Sin embargo, el análisis de la OFICINA NACIONAL DE EMPLEO PÚBLICO del MINISTERIO DE DESREGULACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DEL ESTADO y los servicios jurídicos de la Armada y el Ministerio de Defensa, concluyeron que las asignaciones se ajustaron a los artículos 132 a 141 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial, homologado por el Decreto N° 2539/15.
"La complejidad de los convenios colectivos y la interpretación de la antigüedad y los títulos son un laberinto para muchos empleados públicos", señaló un experto en derecho laboral administrativo.
La decisión presidencial ratifica la postura oficial, dejando a las agentes con la única vía de la acción judicial, que deberán interponer en un plazo de 180 días hábiles. Este caso es un espejo de las constantes disputas entre el personal estatal y la administración por la correcta aplicación de las normativas de encuadramiento, donde la burocracia y la interpretación de la ley juegan un papel crucial en la carrera de miles de trabajadores.
