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El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) ha emitido un ultimátum a decenas de entidades en todo el país, declarando la caducidad de su autorización para funcionar o cancelando sus matrículas. ¿Qué hay detrás de esta drástica medida que sacude al sector?
Una verdadera barrida en el ámbito de la economía social. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) ha publicado una serie de avisos oficiales que notifican la caducidad de la autorización para funcionar, la revocación de inscripción o la cancelación de matrícula a un total de 39 mutuales y cooperativas a lo largo y ancho de Argentina. Estas resoluciones, publicadas en el Boletín Oficial, marcan un punto de inflexión para el futuro de estas organizaciones y sus miles de asociados.
Entre las afectadas se encuentran 23 entidades que vieron caducada su autorización y revocada su inscripción. Nombres como la ASOC MUTUAL AMIGOS DE LA SOCIEDAD DE TRANSPORTE DE MENDOZA (A.M.A.S.T.M.), la ASOC MUTUAL BOMBEROS VOLUNTARIOS DE DEVOTO de Córdoba, y la MUTUAL DE LA CARNE de CABA, figuran en este listado. La provincia de Santa Fe, Córdoba y CABA son algunas de las más afectadas por esta primera tanda.
Simultáneamente, otras 15 entidades, mayoritariamente de Chaco, Santa Cruz y Corrientes, enfrentan la cancelación de su matrícula. Aquí se destacan la COOP DE TRAB EL JURAMENTO LTDA de Santa Cruz y la COOP DE PROV DE SERV. DEL TRANSP.DE PASAJEROS RESISTENCIA LTDA (C.O.T.A.P. RESISTENCIA LIMITADA) de Chaco, entre otras. Estas medidas implican la pérdida de su reconocimiento legal y la imposibilidad de operar como tales.
Finalmente, la ASOC MUTUAL PARA TRABAJADORES Y PASAJEROS DE TAXIS COMBIS Y REMISES (A.M.TRA.PA.TA.CO.RE.) de la Provincia de Buenos Aires, ha sido notificada del retiro de su autorización para funcionar. Esta decisión impacta directamente en los servicios y beneficios que brindaba a sus miembros del sector transporte.
La caducidad, revocación o cancelación de matrícula significa que estas entidades pierden su estatus legal, lo que puede tener graves consecuencias para sus operaciones, la administración de sus bienes y la continuidad de los servicios que prestaban a sus socios. Si bien el INAES no detalla las razones específicas para cada caso en estos avisos, usualmente estas acciones se toman por incumplimientos en la presentación de balances, falta de actividad o irregularidades administrativas que no garantizan la transparencia y el buen funcionamiento de la institución.
Los afectados tienen un plazo perentorio para presentar recursos administrativos: 30 días hábiles para el Recurso de Revisión, 20 días para Reconsideración, 5 días para Aclaratoria y 30 días para el Recurso de Alzada. Es crucial que los miembros y directivos de estas entidades se informen de inmediato para entender el impacto y los pasos a seguir.
Esta movida del INAES refleja un endurecimiento en el control y la fiscalización del sector cooperativo y mutual, buscando sanear el padrón y asegurar que solo operen aquellas organizaciones que cumplen estrictamente con la normativa vigente. Para los ciudadanos comunes, esto significa que el Estado busca garantizar la seriedad y el correcto funcionamiento de las instituciones a las que confían sus ahorros o servicios.
25 de septiembre de 2025
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