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La AABE lanza a subasta pública dos valiosos inmuebles del Estado: un mega terreno en Palermo por más de 81 millones de dólares y una propiedad estratégica en Córdoba por más de un millón, en una ofensiva para monetizar activos estatales.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) pisa el acelerador en la venta de propiedades estatales con la autorización de dos subastas públicas que prometen mover el mercado inmobiliario y las arcas del Estado. La decisión política del Poder Ejecutivo Nacional es clara: "hacer prevalecer el mejor aprovechamiento y utilización del patrimonio estatal", destinando los bienes a la "planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas".
La Resolución 39/2025 autoriza la subasta pública de un codiciado terreno de 42.044 m2 en la Avenida Cerviño Nº 4.820/50, esquina Avenida Bullrich Nº 345, en la exclusiva Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¡Un verdadero diamante en bruto! El valor base de subasta se fijó en impresionantes U$S 81.797.752. Pero no todo es negocio: el pliego de condiciones incluye una cláusula crucial. El adjudicatario deberá realizar, a su costo, las obras de restauración y puesta en valor del "Pabellón del Centenario", un requisito acordado con el Gobierno de la Ciudad y la Comisión Nacional de Monumentos. Una venta que promete transformar la zona y generar un impacto urbanístico significativo, con el desafío de preservar el patrimonio histórico.
No solo la Capital Federal está en la mira. La Resolución 86/2025 convoca a subasta pública para la venta de un inmueble en calle Tucumán N° 539, en la Localidad de Córdoba, con una superficie de 2.796,33 m2 y un valor base de subasta de U$S 1.104.313,72. A diferencia del caso porteño, la Comisión Nacional de Monumentos informó que esta propiedad "carece de valor patrimonial", lo que podría agilizar su desarrollo. Esta medida es un claro ejemplo de la estrategia del gobierno de descentralizar la monetización de activos, buscando inyectar fondos en distintas regiones del país.
Estas subastas representan una inyección de capital para el Estado, pero también abren un debate sobre la disposición del patrimonio público. ¿Es la venta la mejor forma de "aprovechar" estos bienes? ¿Se garantizan los intereses públicos en estas transacciones millonarias? Las empresas constructoras y los inversores inmobiliarios ya están frotándose las manos ante estas oportunidades que podrían redefinir el paisaje urbano de dos ciudades clave.
