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Un contador público fue removido de sus cargos al frente de dos Registros del Automotor en Tucumán por "retención indebida de fondos públicos" y un perjuicio fiscal millonario al Estado Nacional.
El Gobierno no perdona y el Boletín Oficial lo confirma: el Decreto 545/2025 fulminó la carrera de Raúl Arturo JIMÉNEZ IGUACEL, contador público y encargado titular de dos Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor en Tucumán. La acusación es contundente: "retención indebida de fondos públicos" y un perjuicio fiscal que asciende a la friolera de PESOS VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($24.711.340,65). ¡Un escándalo que sacude al sistema!
¿Qué cambió exactamente?
El Ministerio de Justicia dio por concluido un sumario administrativo que imputó a Jiménez Iguacel por cincuenta y tres (53) cargos por diversas irregularidades. Se le aplicó la sanción de REMOCIÓN, prevista en el Decreto N° 644/89, por "faltas graves y negligencia en el cumplimiento de sus funciones". El funcionario intentó defenderse alegando dificultades económicas, la supuesta insuficiencia de rentabilidad de los Registros a su cargo y su disposición a saldar la deuda. Sin embargo, el Ministerio fue implacable, señalando que la retención de fondos no respondía a errores de cálculo sino a una "retención indebida" y que la mayoría de los encargados de otros Registros habían cumplido sus obligaciones a pesar de la pandemia y la situación económica.
La resolución ministerial fue clara: "la magnitud del incumplimiento del que se trata, que no responde a conductas aisladas, a sumas derivadas de errores de cálculo o de alguna coyuntura excepcional, si no lisa y llanamente a la retención indebida de fondos públicos".
¿Cómo afecta a la sociedad/empresas/individuos?
Esta medida es un mensaje contundente del Estado contra la corrupción y la mala administración de fondos públicos. Para los ciudadanos, significa una señal de que hay control sobre quienes manejan servicios esenciales. Para el sector automotor y los usuarios de los Registros, implica que la transparencia y la correcta gestión son prioritarias. La remoción de un encargado de Registros de Automotor, que actúan como agentes de percepción de impuestos, es crucial para la confianza en el sistema. Además, el caso ya escaló a la justicia penal, con una denuncia de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios ante la FISCALÍA FEDERAL N° 1 DE TUCUMÁN.
Contexto relevante y antecedentes:
Los Registros del Automotor son entes semipúblicos, donde los encargados titulares tienen responsabilidades fiduciarias y fiscales significativas. La defensa del contador, apelando a su situación económica y la baja rentabilidad, fue desestimada bajo el argumento de que la naturaleza de su función no se asimila a un salario y que los gastos de funcionamiento son a su cargo, no trasladables al Estado.
Para el ciudadano común: Este caso resalta la importancia de la fiscalización de los fondos públicos, especialmente en servicios que manejan grandes volúmenes de dinero y trámites. La remoción de este funcionario envía una señal de que no se tolerarán desmanejos, protegiendo así los recursos que, en última instancia, son de todos los argentinos. Mantente informado sobre estos procesos, ya que la transparencia en la administración es un pilar fundamental de cualquier gobierno. Puedes seguir las noticias judiciales y los comunicados del Ministerio de Justicia.
