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El Ministerio de Economía prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2025 la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y de medidas cautelares para el sector de la salud y organizaciones no lucrativas. Una medida clave que brinda un respiro financiero en un contexto económico complejo.
En un gesto que sin duda generará alivio en dos sectores vitales, el Ministerio de Economía acaba de anunciar una prórroga crucial: la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y de la traba de medidas cautelares se extiende hasta el 31 de diciembre de 2025. Esta medida beneficia directamente a las entidades sin fines de lucro y a los contribuyentes pertenecientes al sector de la salud.
No es la primera vez que el gobierno toma una decisión de este tipo. Esta resolución es una continuación de normativas previas (Resoluciones 17/2024, 617/2024 y 1445/2024) que ya habían suspendido estas acciones. El argumento detrás de esta persistencia es claro: "subsisten, para las entidades sin fines de lucro y los contribuyentes pertenecientes al sector de salud, los motivos que llevaron a su dictado", es decir, las circunstancias particulares que hacen que estos actores necesiten un respiro fiscal.
Es importante destacar que, en este proceso, hubo una reestructuración interna del organismo recaudador. La ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fue disuelta y sus funciones, incluyendo la facultad de suspender estas acciones, fueron transferidas a la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Es a este nuevo ente al que se le encomienda ahora la tarea de implementar la prórroga.
Para las clínicas, hospitales, centros de salud, fundaciones y asociaciones civiles, esta prórroga significa una reducción de la presión financiera en un momento donde la economía argentina sigue presentando desafíos. Les permite disponer de recursos que, de otra forma, estarían comprometidos en litigios o embargos, facilitando la continuidad de sus operaciones y, en el caso de la salud, la prestación de servicios esenciales. Sin embargo, no se trata de una condonación de deudas, sino de una moratoria en las acciones de cobro, lo que implica que la obligación fiscal sigue existiendo, solo se posterga la ejecución. Esta medida subraya el rol del Estado en intervenir para proteger sectores considerados vulnerables o estratégicos.
