Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Ministerio de Economía extiende hasta fin de año la suspensión de juicios y embargos fiscales para entidades sin fines de lucro y actores del sector sanitario, una medida clave en un contexto económico complejo.
El Ministerio de Economía ha dictado la Resolución 1066/2025, una noticia que traerá un alivio significativo para miles de entidades sin fines de lucro y contribuyentes del sector de la salud. La medida prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025, inclusive, la suspensión del inicio de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares. Esta no es una decisión aislada, sino la continuidad de una serie de resoluciones (17/2024, 617/2024, 1445/2024) que han brindado un respiro a estos sectores desde principios de 2024.
La extensión de esta moratoria fiscal es un balón de oxígeno en un momento donde la presión económica no da tregua. Evitar juicios y embargos significa que estas organizaciones y empresas podrán dedicar sus recursos a sus actividades esenciales, en lugar de enfrentar litigios costosos y descapitalización. Es una clara señal de que el Gobierno reconoce las "circunstancias particulares" y la fragilidad de estos ámbitos.
Un dato no menor es que esta prórroga la encomienda a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tras el Decreto 953/2024. Este traspaso de funciones subraya la continuidad de la política de alivio, aunque con un nuevo actor al frente de la recaudación.
Los principales beneficiarios son las ONGs y todas las empresas y profesionales que operan en el sector de la salud. Para ellos, esta resolución es una oportunidad para reordenar sus finanzas y evitar la asfixia fiscal. Es imperativo que consulten con sus asesores contables para asegurarse de cumplir con todas las condiciones y aprovechar al máximo este período de gracia. La medida, si bien posterga la recaudación para el Estado, prioriza la operatividad de servicios esenciales, demostrando una postura intervencionista en favor de sectores sensibles.
