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En un movimiento estratégico, Economía fija un tope de $5.500 millones para que empresas de servicios públicos recuperen IVA, aliviando a sectores clave. ¿Un 'parche' a las tarifas congeladas o un subsidio encubierto que pagamos todos?
El Ministerio de Economía, con la firma de Luis Caputo, lanzó una medida que inyectará $5.500 millones en las arcas de empresas de servicios públicos, principalmente de energía y transporte. La Resolución 147/2025 fija este "límite máximo anual" para que estas firmas recuperen saldos acumulados de créditos fiscales de IVA, originados entre 2018 y 2023. El mecanismo aplica cuando las tarifas se ven reducidas por "subsidios, compensaciones tarifarias y/o fondos por asistencia económica" del Estado Nacional.
La distribución es clara: $3.500 millones para el sector energía, $1.800 millones para transporte y $200 millones para otros sectores. Este "beneficio" es crucial para empresas que operan con tarifas reguladas y, a menudo, congeladas, lo que les genera saldos a favor de IVA que no pueden computar. Para el ciudadano, esta medida es una doble espada: por un lado, busca mantener la viabilidad de servicios esenciales sin un aumento directo y brutal de tarifas; por el otro, representa una erogación del Estado que, en última instancia, se financia con impuestos. Es decir, lo que no se cobra por tarifa, se devuelve por IVA. Esto alimenta el debate sobre la sostenibilidad del esquema de subsidios y su impacto en las finanzas públicas. Es fundamental entender que, aunque no sea un subsidio directo a la tarifa, es un apoyo financiero que alivia a las empresas, pero cuyo costo se traslada al erario público.
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