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El Gobierno transforma la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) en el Registro Nacional de Armas (RENAR), un organismo desconcentrado que dependerá directamente del Ministerio de Seguridad. Se disuelve el Fondo de Prevención de Violencia Armada, buscando "optimizar" y "reducir gasto público".
Una movida estratégica en el ámbito de la seguridad acaba de materializarse con el Decreto 445/2025, que disuelve la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) para transformarla en el Registro Nacional de Armas (RENAR). La ANMAC, que operaba como un ente descentralizado, ahora será un organismo desconcentrado bajo la órbita directa del Ministerio de Seguridad Nacional, liderado por Patricia Bullrich.
La medida se enmarca en la "emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética" declarada por la Ley N° 27.742, buscando "mejorar el funcionamiento del Estado" y "reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal". El objetivo explícito es "optimizar su funcionamiento y facilitar la coordinación con las políticas de seguridad nacionales", manteniendo su "especialidad técnica" y su "rol regulador y de control de los materiales regulados".
Uno de los puntos más controvertidos es la disolución del Fondo de Promoción de las Políticas de Prevención de la Violencia Armada (FPVA), creado por la Ley N° 27.192. A partir de ahora, el financiamiento de estas políticas será afrontado directamente por el Ministerio de Seguridad, lo que genera interrogantes sobre la continuidad y el alcance de las iniciativas de prevención.
"La centralización de la AGENCIA NACIONAL DE MATERIALES CONTROLADOS redundará en una reducción del gasto público, atento que las tareas de apoyo necesarias para su funcionamiento como organismo desconcentrado serán cumplimentadas por el Ministerio."
El decreto también instruye al Ministerio de Seguridad a adecuar su estructura organizativa y la normativa reglamentaria del nuevo RENAR. Se mantendrá al personal y las unidades organizativas vigentes hasta que se complete la reestructuración, con la aprobación de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública. Esta jugada del Gobierno busca una mayor eficiencia y ahorro, eliminando estructuras que considera "excesivamente onerosas" para el Estado, pero sin resignar el control sobre un tema tan sensible como el de las armas.
