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Una serie de resoluciones del Ministerio de Economía y Seguridad Nacional reacomoda puestos de alta y media gerencia, confirmando la continuidad de funcionarios con designaciones transitorias y nombrando nuevos coordinadores en áreas sensibles. ¿Estabilidad o más parches en la gestión?
El Boletín Oficial revela un frenético reacomodo de piezas en la administración pública. El Ministerio de Economía y el Ministerio de Seguridad Nacional dictaron resoluciones para designar y prorrogar cargos clave. Estas medidas, todas de carácter transitorio y por 180 días hábiles, muestran la estrategia gubernamental de mantener la operatividad con una fuerte impronta de gestión 'interina', incluso con excepciones a los requisitos del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), lo que genera debate sobre la meritocracia.
Desde Economía, bajo Luis Andrés Caputo, se destacan nombramientos cruciales: Analía María Sol Malaber (DNI 28.162.014) asume como Coordinadora de Causas Judiciales de Entes Liquidados IV con designación excepcional; se prorroga a María Victoria Gazze (DNI 31.627.640) como Coordinadora de Relaciones Internacionales; Orlando Daniel Rubio (DNI 13.453.933) es Coordinador Vitivinícola y de Alcoholes del INV; María del Carmen Camelino (DNI 16.504.650) continúa como Directora de Transparencia y Control de Gestión del Tribunal Fiscal de la Nación; y Bárbara Anabella Aguada (DNI 25.785.258) es Directora de Administración y Gestión de Recursos Humanos de la ANAC.
Por el lado de Seguridad Nacional, con Patricia Bullrich y Alejandra Susana Monteoliva, los ajustes son estratégicos: Andrés GENNA GRAU (DNI 39.434.128) es Director de Participación Ciudadana; Federico Roberto TASSARA (DNI 34.991.549) asume como Director de Ingreso y Carrera; y Hernán Andrés RIOS (DNI 27.816.178) toma las riendas como Coordinador de Administración de Pasos Fronterizos.
La constante apelación a estas designaciones transitorias y las flexibilizaciones del SINEP, si bien agilizan la cobertura de puestos, plantean interrogantes sobre la estabilidad de la planta y la transparencia. Para el ciudadano, estos movimientos aseguran la continuidad de funciones esenciales, pero la forma podría generar debate sobre la meritocracia pública y la gestión de recursos humanos del Estado.
