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El Gobierno presiona a las provincias para que regulen la contabilidad de entidades religiosas y consorcios, buscando mayor transparencia y control. ¿Se acaba la informalidad en los templos y edificios?
El Poder Ejecutivo Nacional, mediante los Decretos 486/2025 y 487/2025, ha lanzado una fuerte advertencia a las autoridades provinciales para que pongan en regla la situación contable de dos tipos de entidades con un vasto impacto social: las iglesias, confesiones y comunidades religiosas (Decreto 486/2025) y los Consorcios de Propiedad Horizontal (Decreto 487/2025).
Ambos decretos instan a las autoridades de contralor societario y de registros públicos provinciales a dictar las normas necesarias para que estas organizaciones puedan inscribirse voluntariamente en un libro especial y, así, rubricar los libros obligatorios y voluntarios de contabilidad, tal como exige el artículo 320 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Según el Gobierno, la ausencia de una regulación provincial específica ha impedido a estas entidades cumplir con una obligación legal, generando una "grave afectación de sus derechos constitucionales". En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Inspección General de Justicia (IGJ) ya avanzó con la Resolución General N° 15/24, regulando este acceso voluntario. Ahora, la Nación busca homogeneizar esta situación en todo el país.
Para las organizaciones religiosas, la medida implica un paso hacia una mayor transparencia financiera. Aquellas que no estén constituidas como asociaciones civiles o fundaciones, pero sí reconocidas en el Registro Nacional de Cultos, deberán adaptarse. Incluso se las insta a que, si ya están como asociaciones o fundaciones, puedan "transformarse en meras iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas bajo los estatutos y reglamentos que libremente dispongan sus miembros", manteniendo la contabilidad organizada.
En el caso de los consorcios, la directiva busca ordenar la gestión económica de los edificios, que manejan grandes volúmenes de expensas y fondos comunes. La obligatoriedad de llevar una contabilidad organizada y con libros rubricados podría beneficiar a los propietarios, otorgándoles más claridad sobre el destino de sus aportes y la administración de los recursos del consorcio.
La IGJ ha sido encomendada para coordinar estas acciones con los organismos provinciales, lo que sugiere una fuerte presión desde el gobierno central para implementar estas reformas. Este movimiento se enmarca en una política de "ordenar y equilibrar las cuentas públicas" y "transparentar el gasto", buscando una gestión más eficiente no solo en el Estado, sino también en las entidades de la sociedad civil que manejan fondos significativos.
La era de la informalidad contable parece tener los días contados para millones de argentinos.
