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El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado lanza un nuevo reglamento para las contrataciones de personal, derogando normativas anteriores y prometiendo mayor control y transparencia en el empleo público.
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a través de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, ha puesto patas para arriba el sistema de contrataciones de personal en el sector público. La Resolución 68/2025, con fecha 8 de octubre de 2025, aprueba un flamante "Reglamento de contrataciones de personal por tiempo determinado" bajo el amparo de la Ley N° 25.164, y deroga varias resoluciones previas, marcando un antes y un después en la administración de recursos humanos estatales.
La medida busca optimizar los procesos y mejorar la calidad de la gestión de los organismos públicos, en línea con el espíritu de desregulación y eficiencia que impulsa la cartera. El nuevo reglamento y los formularios asociados (como el "Informe de Contratación e Idoneidad - FOEYC" y la "Declaración Jurada de Aspirantes a Contrataciones por Tiempo Determinado - FOTPD") apuntan a estandarizar y transparentar las contrataciones. Además, se modifica la obligación de incluir informes de incompatibilidad y retiro voluntario, y se exige la certificación de CUIL/CUIT en la Base Integrada de Información de Empleo Público y Salarios (BIEP) para prórrogas y renovaciones.
Lo más impactante es la derogación de la Resolución de la ex SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PÚBLICA N° 48/2002 y otras resoluciones clave de la ex SECRETARÍA DE EMPLEO PÚBLICO y de la ex SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA. Esto no es solo un cambio de papeles; es la eliminación de marcos normativos enteros para reemplazarlos por uno más acorde a la visión actual del Estado.
Este nuevo reglamento afecta a todas las jurisdicciones y entidades descentralizadas del sector público nacional. Para los ciudadanos, la promesa es una mayor transparencia en cómo se contrata y se gestiona el personal estatal. Para los empleados y aspirantes, significa la necesidad de adaptarse a un nuevo marco de reglas más estricto y centralizado. La industria de la consultoría y la gestión de recursos humanos para el sector público también sentirá el impacto, al tener que readecuar sus procesos a la nueva normativa.
En un contexto de "transformación del Estado", esta resolución es un pilar fundamental para reorganizar la planta de personal y asegurar que las contrataciones respondan a criterios de idoneidad y necesidad, y no a prácticas discrecionales. La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública incluso se faculta para realizar futuras modificaciones, lo que indica que este es solo el comienzo de un proceso de ajuste continuo.
