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En un golpe de timón sin precedentes, el Gobierno avanza con la disolución de un instituto de salud y una profunda reestructuración de las principales fuerzas de seguridad. Se redefine el rol del Estado y se busca eficiencia a toda costa, con la Ley de Bases como espada.
El Ejecutivo nacional, con el respaldo de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, ha desatado una verdadera tormenta de reformas que impacta de lleno en la estructura del Estado y en la operatividad de sus fuerzas de seguridad. La declaración de emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética es el telón de fondo para estas decisiones que prometen cambiar el mapa institucional.
El Decreto 458/2025 dispuso la disolución del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA TROPICAL (INMET), un organismo desconcentrado que dependía de la prestigiosa ANLIS "Dr. Carlos G. Malbrán". La justificación oficial es contundente: el INMET "no llevó adelante acciones concretas en materia de prevención, control ni tratamiento de enfermedades tropicales y subtropicales" a pesar de su mandato legal. Se lo acusa de limitarse a tareas de capacitación e investigación básica con poco impacto en políticas públicas y sin formar parte activa de las redes de laboratorios. Sus funciones, ahora, serán absorbidas por el Malbrán, buscando una "unificación en las líneas de investigación y la planificación integrada de estrategias sanitarias". La Ley N° 26.534, que lo creó, y el Decreto N° 125/11, que lo reglamentó, quedan derogados. Esta medida, que busca reducir el "sobredimensionamiento de la estructura estatal", genera un fuerte debate sobre la capacidad del Estado para abordar problemáticas de salud específicas sin organismos dedicados exclusivamente a ellas.
Los Decretos 454/2025 (Gendarmería Nacional Argentina), 455/2025 (Servicio Penitenciario Federal) y 457/2025 (Prefectura Naval Argentina), junto con el 456/2025 (Policía de Seguridad Aeroportuaria), no son meros retoques: son una reingeniería total de las fuerzas de seguridad federales. El objetivo es claro: modernizarlas, hacerlas más eficientes, reducir costos y adaptarlas a los "nuevos desafíos del crimen organizado transnacional, el terrorismo, el narcotráfico y el contrabando".
El Decreto 454/2025 deroga la histórica Ley de Gendarmería Nacional Nº 19.349 y aprueba un nuevo Estatuto. Se busca racionalizar funciones, jerarquizar la carrera, modernizar la estructura y consagrar un régimen disciplinario más ágil. La reforma apunta a fortalecer la lucha contra el crimen organizado y a un "efectivo control interno" para garantizar la transparencia financiera.
El Decreto 455/2025 aprueba un nuevo Estatuto para el SPF, dejando atrás la Ley Orgánica de 1967. Se plantea una modernización integral que incluye la desafectación de cárceles urbanas y su reubicación, un plan de infraestructura penitenciaria ambicioso, y una fuerte apuesta por la tecnología con la creación de la Dirección General de Comunicaciones, Sistemas y Tecnologías. El objetivo es transformar al SPF en un "referente de buenas prácticas" con un enfoque interdisciplinario para reducir la reincidencia, al tiempo que se lo jerarquiza como "Fuerza de Seguridad Federal".
El Decreto 456/2025 modifica la Ley Nº 26.102 de la PSA, ampliando sus misiones a la "protección de la Seguridad del Estado" y la "seguridad en el transporte" a requerimiento del Ejecutivo. Se le otorgan más facultades para investigaciones criminales, acceso a bases de datos y control de espacios públicos digitales. Se crea el grado de "Comisionado Inspector" y se institucionaliza el cargo de Subdirector Nacional. Además, se reorganiza la Dirección de Control Policial, que ahora será "externa", dependiendo del Ministerio de Seguridad, para investigar faltas muy graves del personal.
El Decreto 457/2025 actualiza la Ley N° 18.398 de la PNA, reafirmando su carácter de Fuerza de Seguridad Federal bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Se enfatiza su rol en la seguridad de la navegación, prevención de la contaminación, protección marítima y lucha contra el crimen organizado transnacional en aguas jurisdiccionales. Se le otorga mayor jerarquía normativa al "SISTEMA GUARDACOSTAS" y se la faculta para participar en "Misiones Internacionales". Se eliminan funciones obsoletas y se modernizan aspectos de personal y ascensos.
Estas reformas no solo implican un cambio en las leyes que rigen a estas instituciones, sino que redefinen sus alcances, sus recursos y su forma de operar. La centralización de la toma de decisiones en el Ministerio de Seguridad y la invocación constante de la "emergencia pública" para justificar estas delegaciones legislativas, plantean interrogantes sobre el equilibrio de poderes y la celeridad con la que se están llevando a cabo estos cambios. El impacto en la ciudadanía será directo, tanto en la calidad de los servicios de salud como en la eficacia de la seguridad en fronteras, aeropuertos, vías navegables y el sistema penitenciario.
