Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
El Gobierno lanza una plataforma digital para fomentar inversiones privadas en obras y servicios públicos, prometiendo más transparencia y agilidad. ¿El fin del Estado constructor?
El Ministerio de Economía acaba de dar un paso gigante hacia la privatización de la obra pública con la creación de la 'Base de Iniciativas Privadas'. Esta flamante herramienta, disponible en la web de la cartera económica, busca ser la vidriera de todos los proyectos de infraestructura y servicios públicos que el sector privado quiera proponer. La Resolución 11/2025 reglamenta este nuevo ecosistema, que nace bajo el paraguas de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, esa misma que prometía cambiarlo todo.
El objetivo es claro: "brindar mayor seguridad jurídica a las inversiones necesarias y fomentar la presentación de iniciativas privadas". En criollo, se busca atraer capitales privados para que se hagan cargo de obras que tradicionalmente estaban en manos del Estado, desde rutas y puentes hasta proyectos energéticos. Lo más llamativo es que el financiamiento deberá ser 100% privado, marcando un giro copernicano en la forma de desarrollar la infraestructura nacional.
La Dirección General de Gestión Documental, Transparencia y Acceso a la Información será la encargada de administrar esta base, que publicará desde el nombre del proyecto y la persona que lo presentó hasta el monto estimado de la inversión y su estado de trámite. En un plazo de 10 días hábiles, cualquier organismo receptor de una iniciativa deberá remitir la información para su publicación. Este nivel de transparencia busca generar confianza y agilizar los procesos, pero también plantea interrogantes sobre el control y la fiscalización de estos megaproyectos en manos privadas. ¿Será la llave para el desarrollo o una puerta abierta a la especulación?
