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El Presidente Milei, a través del Decreto 475/2025, reorganiza la Procuración del Tesoro de la Nación, disolviendo la emblemática Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Se busca una "optimización de recursos" y una "gestión ágil", pero la medida genera interrogantes sobre el futuro de la formación jurídica pública.
El Gobierno Nacional, bajo la firma del Presidente Milei, ha dado un golpe de timón en la gestión de la abogacía pública con el Decreto N° 475/2025. La medida más resonante es la disolución de la histórica Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, creada en 1994, que hasta ahora era el organismo central de capacitación de los letrados estatales. En su lugar, se crea la "Coordinación del Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP)", con un nuevo Comité Académico y responsabilidades redefinidas en la selección y perfeccionamiento de los abogados del Estado. Además, se aprueba una nueva estructura organizativa de primer y segundo nivel para la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), derogando y reasignando diversos cargos.
Esta reforma se enmarca en la política de "reorganización y reforma del Estado" para "reducir el gasto público" y "optimizar el uso de los recursos". El argumento oficial es que la antigua Escuela "enfrentaba desafíos estructurales" que obstaculizaban sus objetivos, y que la disolución busca evitar "una estructura burocrática innecesaria". El objetivo es claro: una mayor eficiencia y reducción del gasto público en la formación y gestión de los abogados que defienden al Estado. Se promete mejorar la "calidad de la formación", pero la disolución de una institución con trayectoria puede generar incertidumbre sobre la continuidad y el estándar de la capacitación.
La creación del CEFAP y la nueva estructura de la PTN apuntan a una centralización y modernización de la formación jurídica estatal. La clave estará en cómo se implemente el CEFAP y si realmente logra superar las "deficiencias estructurales" de su predecesora, sin perder la experiencia acumulada. La medida refleja una visión pro-mercado y anti-burocrática, buscando un Estado más pequeño y eficiente. La Procuración del Tesoro de la Nación deberá realizar, en un plazo de NOVENTA (90) días, una revisión exhaustiva de los recursos materiales afectados al funcionamiento de la Escuela disuelta para su reasignación eficiente. Este decreto es un golpe de timón en cómo el Estado gestiona su propio brazo legal, afectando directamente a miles de abogados públicos y a la calidad de la defensa jurídica del país.
