Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Un nuevo decreto sacude la estructura de la Administración Pública Nacional: la Secretaría de Prensa desaparece, nace la 'Secretaría de Inteligencia de Estado' y la Secretaría de Comunicación y Medios cobra un poder inusitado. ¿Qué hay detrás de estos cambios estratégicos en el corazón del gobierno?
El Decreto 121/2025, firmado el 24 de febrero de 2025, es una bomba en la reestructuración estatal que impulsa la gestión de Milei. Se trata de una movida que suprime la histórica SECRETARÍA DE PRENSA de la Presidencia de la Nación, una señal inequívoca sobre el manejo de la comunicación gubernamental. Pero lo más impactante es la incorporación de la 'SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DE ESTADO' en el organigrama centralizado, una entidad que trae consigo un halo de misterio y especulación sobre sus futuras funciones y alcance.
Además, la SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN Y MEDIOS de la Presidencia de la Nación, liderada por el vocero presidencial, ve su estructura profundamente modificada y ampliada. Ahora incluirá una UNIDAD GABINETE DE ASESORES, una Subsecretaría de Coordinación Administrativa, la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno, una flamante Subsecretaría de Medios Públicos y, sorprendentemente, una Subsecretaría de Prensa. Esto último genera interrogantes: ¿la prensa desaparece para resurgir bajo otro paraguas? ¿Es una forma de centralizar aún más el control del mensaje oficial y los medios estatales?
El decreto también detalla la transferencia de unidades organizativas, créditos presupuestarios, bienes y personal entre la Secretaría General y la Secretaría de Comunicación y Medios, incluyendo la Dirección de Realización Audiovisual de la Presidencia de la Nación. En un giro llamativo, se suprime el cargo extraescalafonario de Jefe de la Unidad de Gabinete de Asesores de la ex-Secretaría de Comunicación y Prensa, lo que sugiere una depuración de ciertas estructuras previas.
Esta reorganización, que según el gobierno no implica un incremento en la cantidad de unidades organizativas ni de partidas presupuestarias, es una jugada de alto impacto político. Para los ciudadanos, significa un cambio en la forma en que el Estado se comunica y posiblemente en cómo se gestiona la información sensible. La creación de una Secretaría de Inteligencia de Estado genera un debate inmediato sobre el equilibrio entre seguridad, control y libertades individuales.
