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Un decreto presidencial sacude la estructura del Ministerio de Economía, eliminando la vieja Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y liquidando la histórica AGP SAU, para dar paso a una flamante Agencia Nacional de Puertos y Navegación con poder autárquico. ¿El objetivo? Desburocratizar y centralizar el control portuario.
El Gobierno Nacional, a través del Decreto 42/2025, ha puesto en marcha una profunda reestructuración en el ámbito portuario y de la navegación, una movida que no pasa desapercibida en el sector. La medida más resonante es la sustitución de la ex-SUBSECRETARÍA DE PUERTOS Y VÍAS NAVEGABLES y la disolución y liquidación de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL (AGP SAU), una entidad con décadas de historia en la gestión portuaria.
En su lugar, se erige la AGENCIA NACIONAL DE PUERTOS Y NAVEGACIÓN (ANPYN), un nuevo ente autárquico que operará bajo la órbita del MINISTERIO DE ECONOMÍA. Esta flamante agencia no es un actor más: se establece como la única Autoridad Portuaria Nacional y Autoridad de Aplicación del marco normativo en su área de competencia. Esto implica una centralización de poder y funciones que antes estaban dispersas, con la promesa de una gestión más eficiente y ágil.
La disolución de la AGP SAU y la creación de la ANPYN tendrán implicaciones directas para las empresas que operan en puertos argentinos, desde navieras hasta exportadores e importadores. Si bien se busca una desburocratización, la centralización en una nueva agencia genera interrogantes sobre los nuevos procedimientos, tarifas y la velocidad de adaptación del sistema. Los trabajadores de la ex-AGP SAU también enfrentarán un proceso de reacomodamiento.
El contexto de esta medida se enmarca en la agenda de desregulación y transformación del Estado impulsada por el gobierno, buscando reducir la estructura administrativa y optimizar recursos. Los gastos iniciales de la ANPYN serán cubiertos con los fondos de la disuelta AGP SAU y partidas específicas del Ministerio de Economía, lo que sugiere una transición con recursos preexistentes.
"Esta medida no implica incremento en la cantidad de unidades organizativas que conforman la Administración Pública Nacional", se aclara en el decreto, buscando calmar las aguas sobre el tamaño del nuevo ente.
Para los ciudadanos comunes, si la promesa de eficiencia se cumple, podría traducirse en menores costos logísticos y, eventualmente, en una mejora en los precios de productos que dependen del comercio exterior. Sin embargo, la implementación de estos cambios será clave para determinar su éxito real.
Se recomienda a las empresas del sector mantenerse informadas sobre las reglamentaciones específicas que emita la ANPYN y sus nuevas estructuras operativas para asegurar una transición sin contratiempos.
