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Una andanada de decretos presidenciales desmantela y reestructura las leyes orgánicas de Gendarmería, Prefectura, PSA y Servicio Penitenciario Federal. ¡La era de la "eficiencia" y la "desburocratización" llegó a las fuerzas de seguridad!
El Gobierno lanzó un golpe de timón sin precedentes en la estructura de seguridad del país, publicando cuatro decretos que modifican de raíz las leyes orgánicas de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), el Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Prefectura Naval Argentina (PNA). Enmarcadas en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, estas medidas buscan "mejorar el funcionamiento del Estado", "reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal" y "garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas".
El Decreto 454/2025 deroga la histórica Ley N° 19.349 de Gendarmería y aprueba un nuevo Estatuto. La Fuerza se moderniza para combatir desafíos como el crimen organizado transnacional, narcotráfico, terrorismo y trata de personas. Se promete una "racionalización de funciones", "jerarquización de la carrera profesional" y un "régimen disciplinario ágil y eficaz". El objetivo es una Gendarmería más profesionalizada y eficiente, con un control interno fortalecido para transparentar el gasto. "La evolución del contexto geopolítico y la complejidad creciente del crimen organizado transnacional requieren una fuerza altamente profesionalizada", reza el decreto.
El Decreto 455/2025 aprueba un nuevo Estatuto para el SPF, reemplazando una ley de 1967. Se busca modernizar la estructura, el régimen de personal y los mecanismos de control. Lo más impactante: se instruye al Ministerio de Seguridad Nacional a "desafectar del uso penitenciario los inmuebles sobre los cuales se emplazan establecimientos penitenciarios situados en zonas urbanas y gestionar su reubicación". Esto podría significar un cambio radical en el paisaje urbano de varias ciudades, liberando terrenos valiosos y mejorando las condiciones carcelarias y la seguridad. La profesionalización y el bienestar del personal, junto con el respeto a los derechos de los internos, son pilares de esta reforma.
El Decreto 456/2025 modifica la Ley N° 26.102 de la PSA, ampliando sus misiones para incluir la "protección de la Seguridad del Estado en el ámbito jurisdiccional aeroportuario" y, a requerimiento del Ejecutivo, la "responsabilidad primaria de la seguridad en el transporte". Se le otorgan facultades para prevenir el delito en "espacios públicos digitales" y se crea un "Agrupamiento Técnico-Profesional" para abordar situaciones complejas. Una medida controversial es que las entidades que explotan aeropuertos deberán proveer gratuitamente los espacios físicos a la PSA. La fuerza se vuelve más versátil, pero también más invasiva en sus facultades.
Finalmente, el Decreto 457/2025 reforma la Ley N° 18.398 de la PNA, actualizando sus misiones y funciones para adaptarlas a la lucha contra el crimen marítimo, el tráfico de drogas, la pesca ilegal y la protección de los recursos naturales. Se clarifica su dependencia del Ministerio de Seguridad Nacional y se le otorga mayor jerarquía normativa al "SISTEMA GUARDACOSTAS" para la vigilancia de los espacios marítimos. Se eliminan funciones obsoletas, como el "privilegio de paquete postal" o el juzgamiento de contravenciones policiales, centralizando estas tareas en los órganos judiciales. Una Prefectura más moderna y enfocada en la soberanía y seguridad de nuestras aguas.
Estas reformas, impulsadas bajo la bandera de la emergencia pública, prometen un Estado más delgado y eficiente en la seguridad, con un ojo puesto en la reducción del gasto y la modernización. Sin embargo, la magnitud de los cambios y la celeridad de su implementación generarán un intenso debate sobre las implicaciones a largo plazo para la institucionalidad y los derechos ciudadanos.
