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En un giro drástico, el Ejecutivo delega en la Secretaría de Energía la licitación y adjudicación de mega-obras de transporte eléctrico bajo un esquema de concesión a privados, buscando "reducir el gasto público" y atraer inversiones.
¡Bombazo en el sector energético! El Decreto 921/2025, firmado por el Presidente, sienta las bases para una privatización de facto de las futuras ampliaciones del sistema de transporte eléctrico. El Gobierno ha delegado en la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA la facultad de convocar a Licitación Pública Nacional e Internacional para la construcción, operación y mantenimiento de obras clave, como "AMBA I", "Línea 500 kV Río Diamante – Charlone - O´Higgins" y "Línea 500 kV Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca".
La jugada es clara: las obras se harán bajo el régimen de la Ley Nº 17.520 de concesión de obra pública, a título gratuito para el Estado y buscando que el sector privado asuma el riesgo y la inversión. El objetivo declarado es "optimizar los servicios y funciones... con el fin de reducir el gasto público y, adicionalmente, posibilitar la inversión privada". Esto implica un cambio fundamental en la política energética, pasando de un esquema más estatal a uno fuertemente pro-mercado.
"El señalado modelo concesional provee las bases para que el sector privado construya, opere y mantenga las obras de ampliación del sistema de transporte de energía eléctrica y permite además el desarrollo de estructuras de inversión y financiamiento privados sin comprometer recursos públicos de manera directa." - Argumento del decreto.
Para los ciudadanos, esto podría significar una mejora en la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico a largo plazo, pero también plantea interrogantes sobre el control tarifario y la rentabilidad de las concesionarias. La emergencia del Sector Energético Nacional, prorrogada hasta el 9 de julio de 2026, sirve de marco para esta aceleración de la inversión privada.
