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El Decreto 42/2025 reestructura el Ministerio de Economía, oficializando la creación y consolidación de la AGENCIA NACIONAL DE PUERTOS Y NAVEGACIÓN (ANPYN) como la única autoridad portuaria nacional, disolviendo la AGP SAU y eliminando subsecretarías clave.
El Gobierno Nacional, a través del Decreto 42/2025, ha dado un golpe de timón en la organización de su aparato estatal, impactando directamente en el Ministerio de Economía y la gestión portuaria del país. Esta medida no es menor: busca adecuar el organigrama de la Administración Nacional centralizada y, sobre todo, poner en pleno funcionamiento a la flamante AGENCIA NACIONAL DE PUERTOS Y NAVEGACIÓN (ANPYN).
La norma sustituye el Anexo I del Decreto N° 50/19, que aprueba el Organigrama de Aplicación, redefiniendo las estructuras internas del Ministerio de Economía. Lo más resonante es la consolidación de la ANPYN como el "único Autoridad Portuaria Nacional y Autoridad de Aplicación del marco normativo aplicable a las materias de su competencia". Esta agencia autárquica, creada por el anterior Decreto N° 3/25, viene a reemplazar a la disuelta ADMINISTRACIÓN GENERAL DE PUERTOS SOCIEDAD ANÓNIMA UNIPERSONAL (AGP SAU) y absorbe las funciones de la ex-Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
El decreto detalla la nueva estructura, con Secretarías como la de Política Económica, Hacienda, Finanzas, Energía y Minería, Producción, Agricultura, Ganadería y Pesca, y Transporte, cada una con sus respectivas subsecretarías. Un cambio significativo es la eliminación de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables bajo la órbita de la Secretaría de Transporte, cuyas funciones ahora recaen en la ANPYN.
Para el sector del transporte y la logística, especialmente en lo que respecta a puertos y vías navegables, esta centralización de poder en la ANPYN podría significar una simplificación de trámites al tener una única autoridad de aplicación. Sin embargo, también genera interrogantes sobre la velocidad de respuesta y la eficiencia de una estructura tan concentrada. Las empresas que operan en el ámbito portuario deberán adaptarse a las nuevas directrices y a un interlocutor único, lo que podría implicar cambios en las dinámicas de negociación y operación. La medida busca, en principio, mayor eficiencia y control estatal sobre un área estratégica.
Esta decisión se enmarca en una serie de reestructuraciones impulsadas por el gobierno actual. La disolución de la AGP SAU y la creación de la ANPYN fueron pasos previos que este decreto viene a solidificar, dándoles un marco orgánico dentro de la administración. Se busca una modernización y desburocratización del Estado, aunque la creación de nuevas agencias y la centralización de competencias pueden generar nuevos desafíos.
"La presente medida no implica incremento en la cantidad de unidades organizativas que conforman la Administración Pública Nacional", afirma el texto, buscando calmar las aguas sobre el tamaño del Estado, aunque sí redefine su funcionamiento.
La clave está en cómo la ANPYN ejercerá sus nuevas y amplias facultades. ¿Será un motor de desarrollo y eficiencia o un nuevo cuello de botella burocrático? El futuro de la logística y el comercio exterior argentino, que dependen en gran medida de la infraestructura portuaria, estará bajo la lupa de esta nueva configuración. Los ciudadanos comunes no verán un impacto directo inmediato, pero la eficiencia o ineficiencia de los puertos repercute en los costos de las mercaderías y, en última instancia, en sus bolsillos. Es fundamental seguir de cerca la implementación y las primeras acciones de la ANPYN para entender el verdadero alcance de esta revolución portuaria.
