Recibe los análisis más provocadores del Boletín Oficial. No es una newsletter, es un manifiesto diario.
Nos tomamos en serio tu privacidad. No compartiremos tu información.
Un nuevo decreto presidencial lanza el "REGINAVE" desregulado, prometiendo agilizar trámites y reducir costos para el comercio marítimo. La medida más audaz: la eliminación de la obligación de contratar serenos en los buques, un cambio que busca modernizar la seguridad portuaria y dinamizar la actividad.
¡Atención, armadores, capitanes y operadores portuarios! El Gobierno Nacional ha desatado una verdadera tormenta desreguladora con la promulgación del Decreto 37/2025, que aprueba un flamante "RÉGIMEN DE LA NAVEGACIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y LACUSTRE" (REGINAVE). Esta medida, que entra en vigencia inmediatamente, es un golpe de timón radical para el sector, en línea con las políticas de desregulación y transformación del Estado.
El nuevo REGINAVE promete ser un bálsamo para la actividad, buscando la simplificación de procedimientos, la reducción de exigencias normativas y la eliminación de regulaciones innecesarias. El objetivo es claro: dinamizar el comercio nacional e internacional, liberando a los usuarios de "cargas ni dilaciones innecesarias". Esto implica la supresión de autorizaciones y aprobaciones redundantes, un reclamo histórico de la industria que ahora ve la luz. Se espera que esta reforma impulse la competitividad de los puertos y la logística fluvial y marítima del país.
Pero la cereza del postre de este decreto es la modificación del Régimen de Seguridad Portuaria, que elimina la obligación de contratar serenos para los buques amarrados en puerto. La contratación de estos vigilantes, que era mandatoria desde 1980, ahora será opcional. El Gobierno argumenta que este servicio "no está alineado con los estándares modernos de seguridad de los buques y puertos", citando el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (Código ISPS) de la OMI. Esta decisión reducirá significativamente los costos operativos para los buques y empresas, pero podría generar controversia en el sector de seguridad. En síntesis, el Gobierno busca un Estado más eficiente y menos intervencionista, confiando en la autorregulación y en los estándares internacionales para potenciar la navegación y el comercio.
5 de febrero de 2026
10 de febrero de 2025
25 de noviembre de 2025