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En un movimiento sin precedentes, el Poder Ejecutivo Nacional reformuló los estatutos de Gendarmería, Servicio Penitenciario Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Prefectura Naval Argentina. Una mega-reforma que promete mayor eficiencia y mano dura contra el crimen organizado, bajo la lupa de la Ley de Bases.
El Gobierno de Javier Milei, a través de una serie de decretos que utilizan las facultades delegadas por la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, desató una tormenta de cambios en las fuerzas federales de seguridad. Los Decretos 454/2025, 455/2025, 456/2025 y 457/2025 modifican de raíz los estatutos de la Gendarmería Nacional Argentina, el Servicio Penitenciario Federal (SPF), la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Prefectura Naval Argentina (PNA), respectivamente. El objetivo declarado es "mejorar el funcionamiento del Estado, reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal y asegurar el efectivo control interno".
El Decreto 454/2025 deroga la Ley de Gendarmería Nacional N° 19.349 y aprueba un nuevo Estatuto que busca una fuerza "altamente profesionalizada, ágil y plenamente adaptada a los estándares modernos". La justificación es la "complejidad creciente del crimen organizado transnacional, el terrorismo, el narcotráfico y el contrabando". Se promete racionalización de funciones, jerarquización de la carrera y un régimen disciplinario más ágil. De manera similar, el Decreto 455/2025 moderniza el SPF, derogando la Ley N° 17.236 de 1967. Se jerarquizan áreas como Seguridad Penitenciaria y Comunicaciones, Sistemas y Tecnologías, con el fin de "optimizar su funcionamiento, fortalecer la seguridad en los establecimientos penitenciarios y mejorar las condiciones de trabajo". Además, se instruye al Ministerio de Seguridad a desafectar inmuebles penitenciarios en zonas urbanas y gestionar su reubicación, un plan ambicioso de infraestructura.
La PSA (Decreto 456/2025) ve modificada su Ley N° 26.102 para otorgarle "mayor certeza en ciertas funciones... para prevenir y combatir la delincuencia". Se amplían sus misiones a la "protección de la Seguridad del Estado en el ámbito jurisdiccional aeroportuario" y se institucionaliza el cargo de Subdirector Nacional. Se crea un Agrupamiento Técnico-Profesional y se incorpora el grado de "Comisionado Inspector". Además, se crea la Dirección de Control Policial Externo, un claro intento de aumentar la transparencia y disciplina. Para la PNA (Decreto 457/2025), la reforma de la Ley N° 18.398 busca actualizar su marco legal a su rol actual como "Fuerza de Seguridad Federal con funciones e incumbencias diferentes a las Fuerzas de Defensa". Se le otorgan mayores facultades en la lucha contra el crimen organizado en aguas, se la nombra Autoridad de Aplicación del "Sistema Guardacostas" y se la faculta a participar en Misiones Internacionales. También se elimina la facultad de juzgar faltas contravencionales, que ahora recaerá en los órganos judiciales.
Esta batería de decretos, firmada por el Presidente Milei y los ministros Guillermo Francos y Patricia Bullrich, centraliza el poder en el Ministerio de Seguridad y busca una transformación profunda de las fuerzas. La promesa es una administración más eficiente y una lucha más efectiva contra el crimen, pero la delegación de facultades legislativas y los amplios cambios generarán, sin duda, un intenso debate parlamentario y social. Los ciudadanos verán un impacto directo en la seguridad pública, la gestión penitenciaria y el control de fronteras y espacios marítimos. La clave estará en la implementación y el equilibrio entre la eficiencia y el respeto por los derechos y garantías.
