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El gobierno avanza con la privatización encubierta de Yacimiento Carbonífero Río Turbio, convirtiéndola en una Sociedad Anónima. ¿El fin de una era estatal o el inicio del desguace para su venta?
¡Bombazo en el sector energético y minero! El Ministerio de Economía, a través de la Resolución 1181/2025, ha dado un paso crucial en la reestructuración del emblemático Yacimiento Carbonífero Río Turbio. Siguiendo el polémico Decreto 70/2023 de emergencia pública y el posterior Decreto 115/2025, la antigua empresa estatal se transforma en Carboeléctrica Río Turbio Sociedad Anónima. Esta medida no es menor. Implica que la gestión de la cuenca carbonífera, los servicios ferroportuarios de Punta Loyola y Río Gallegos, y la central térmica asociada, ahora operarán bajo las normas de la Ley General de Sociedades N° 19.550, "en igualdad de condiciones con las sociedades sin participación estatal y sin prerrogativa pública alguna". El capital social inicial se fija en $30.000.000, con la Secretaría de Energía y la Secretaría de Minería ejerciendo el 95% y 5% de las acciones, respectivamente.
Este cambio, aunque mantiene una participación estatal, abre la puerta a futuras privatizaciones o asociaciones con capital privado, al despojar a la entidad de su estatus de "Empresa del Estado" y someterla a las reglas del mercado. La historia de Río Turbio ha estado marcada por intentos de privatización y reestatización, y este nuevo capítulo genera incertidumbre entre los trabajadores y la comunidad local.
"La transformación a Sociedad Anónima es el primer paso de un plan mayor. El objetivo es sanearla y, eventualmente, buscar socios o venderla. Es el camino a la desestatización," susurran en los pasillos de Economía. Para el ciudadano, esta resolución podría significar un cambio en el modelo de gestión de un recurso estratégico y, potencialmente, en los costos energéticos a largo plazo. La medida se alinea con la visión del gobierno de reducir la intervención estatal en la economía, pero enfrenta la resistencia de quienes ven en Río Turbio un símbolo de la soberanía nacional sobre sus recursos.
Esta transformación es clave porque cambia la lógica de una empresa estatal a una sociedad anónima, abriendo la puerta a una mayor participación privada en el futuro. Esto podría impactar en la estabilidad laboral en la región y en la política energética nacional.
