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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) acaba de oficializar un nuevo esquema de retribuciones por servicios de inspección sanitaria. A partir del 1 de enero de 2025, establecimientos agroindustriales deberán afrontar nuevos montos, generando incertidumbre en un sector ya golpeado. ¿Se viene otro cimbronazo para los productores?
El Boletín Oficial nos trae una noticia que resonará fuerte en el sector agropecuario: el SENASA reajusta las tarifas de inspección sanitaria para el año 2025. La Resolución 1480/2024, firmada por Pablo Cortese, presidente del organismo, establece los nuevos incisos de las asignaciones que deberán aplicar los establecimientos habilitados, con vigencia a partir del 1 de enero del próximo año.
Esta medida, que se presenta como una actualización rutinaria basada en informes mensuales del personal de inspección, no es menor. Implica que frigoríficos, plantas de procesamiento y otros establecimientos bajo la órbita del SENASA verán modificados sus costos operativos. La norma subraya que, si existen diferencias con lo ya pagado o depositado en garantía, se procederá a la compensación, ya sea por parte de las empresas o por reintegro del organismo.
En un contexto económico de alta inflación y presión sobre los costos de producción, cualquier incremento, por administrativo que parezca, genera preocupación. Este tipo de medidas impacta directamente en la rentabilidad de las empresas del sector alimentario y agroindustrial, que ya deben lidiar con una compleja estructura de impuestos y regulaciones.
El SENASA, amparándose en decretos históricos como el N° 4.238/1968, que rige el Reglamento de Inspección de Productos de Origen Animal, y el N° 2.431/1971, que faculta a fijar tasas, argumenta la necesidad de modificar lo dispuesto por la Resolución N° 1.241/23 debido a las evaluaciones realizadas. Es una movida que, aunque justificada por la normativa, pone en alerta a los empresarios que deberán recalcular sus estructuras de costos para el próximo año. El sector espera que estos incrementos no se traduzcan en mayores precios al consumidor o, peor aún, en una pérdida de competitividad de la producción nacional.
"El campo siempre es el primero en sentir los ajustes. Esperamos que estos cambios sean transparentes y justos, y no una nueva carga para la producción", expresó un referente del sector que prefirió mantener el anonimato.
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