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La Provincia destina cifras astronómicas a insumos críticos para trasplantes y a la alimentación escolar en Chivilcoy, revelando la magnitud del gasto en áreas vitales. ¿Se justifica cada centavo?
El Boletín Oficial nos revela la magnitud de las inversiones en dos pilares fundamentales: la salud y la educación. El Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA) ha autorizado una adjudicación monumental por $226.667.848,20 para la adquisición de insumos vitales para trasplantes. Las empresas beneficiadas son Fresenius Kabi S.A., con un monto de casi $2.4 millones, y Terumo BCT Latin America S.A., que se lleva la parte del león con más de $224 millones. Esta adjudicación, que contempla una posible ampliación del 20%, garantiza la provisión de materiales esenciales para procedimientos que salvan vidas, demostrando la alta demanda y el costo de la medicina de vanguardia.
En el ámbito educativo, el Consejo Escolar de Chivilcoy, bajo la órbita de la Dirección General de Cultura y Educación, ha lanzado una Licitación Pública N° 1/2026 para el Servicio de SAE (Servicio Alimentario Escolar). El presupuesto estimado es impactante: $1.135.573.920,00 para cubrir las prestaciones de comedor, desayuno y merienda en las escuelas del distrito entre el 1° de marzo y el 31 de agosto de 2026. La apertura de ofertas está fijada para el 26 de febrero de 2026 (corrigiendo la fecha de 2025). Este gasto masivo busca asegurar la alimentación de miles de estudiantes, un factor crítico para el desarrollo y el rendimiento académico.
"Invertir en salud y educación es invertir en el futuro. Pero la magnitud de estas cifras exige una fiscalización implacable para asegurar que cada peso se traduzca en beneficios reales para la población."
Para los ciudadanos, estas medidas representan la priorización de servicios esenciales, pero también generan preguntas sobre la eficiencia y transparencia en la gestión de tan vastos recursos. La provisión de insumos para trasplantes es una necesidad indiscutible, y la alimentación escolar es un derecho. Sin embargo, el seguimiento de la ejecución de estos contratos y la calidad de los servicios prestados son clave para que estas inversiones tengan el impacto deseado y no se diluyan en la burocracia o la corrupción. Estar informados es el primer paso para exigir un uso responsable del dinero público.
5 de febrero de 2026
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