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Diversos organismos provinciales, desde el Ministerio de Seguridad hasta la Honorable Cámara de Diputados y la Suprema Corte, destinan más de $4.500 millones en licitaciones para mantener sus edificios, espacios verdes y proveer servicios clave, una movida administrativa de alto costo.
El aparato estatal bonaerense se mueve a toda máquina, y eso implica un desembolso millonario para mantener su funcionamiento. El Ministerio de Seguridad lanzó una Contratación Directa N° 23/2025 para proveer equipamiento de mantenimiento de espacios verdes, una necesidad constante para las dependencias. La Suprema Corte de Justicia, por su parte, busca un servicio de limpieza para sus inmuebles en Lomas de Zamora y Avellaneda-Lanús, con un presupuesto estimado que supera los $3.275 millones, una cifra que pone en perspectiva la magnitud de los espacios judiciales.
La Honorable Cámara de Diputados no se queda atrás, licitando un servicio de limpieza, mantenimiento y desinfección para su Palacio Legislativo y demás inmuebles por un valor de pliego de $1 millón, con apertura el 5 de marzo de 2026. El Ministerio de Mujeres y Diversidad también necesita un servicio de limpieza integral para sus dependencias. La Autoridad del Agua convoca a un procedimiento abreviado para desmalezado y mantenimiento de áreas verdes en el Dique Paso de las Piedras, un activo provincial crucial.
Finalmente, el Banco de la Provincia de Buenos Aires busca un abono de mantenimiento semi-integral para sus cámaras de media tensión e interruptores generales en varios edificios clave, una licitación privada sin costo de pliego que asegura la operatividad de su infraestructura. En conjunto, estos llamados representan un gasto considerable en servicios básicos para el funcionamiento del Estado, que superan los $4.500 millones. Aunque son trámites administrativos, su volumen y presupuesto los convierten en noticias relevantes para las empresas de servicios y para la ciudadanía, que financia estas operaciones.
Estas licitaciones son un claro indicador de la oportunidad de negocio para las empresas de limpieza, seguridad, mantenimiento y servicios generales. La competencia será feroz, y la calidad de los servicios contratados impacta directamente en el entorno laboral de miles de empleados públicos y en la imagen de las instituciones. La sociedad espera que estos fondos se administren con máxima eficiencia y transparencia, evitando sobreprecios o favoritismos. Estar al tanto de estos procesos permite a los ciudadanos saber cómo se gastan sus impuestos en el mantenimiento del propio Estado.
