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El Ministerio de Economía sigue con su frenética actividad interna: una catarata de resoluciones que prorrogan y designan funcionarios de manera transitoria. ¿Estabilidad o continuidad de la incertidumbre en los despachos oficiales?
El Boletín Oficial de hoy nos trae una nueva oleada de movimientos internos dentro del Ministerio de Economía, un verdadero carrusel de funcionarios que, en su mayoría, ven prorrogadas sus designaciones transitorias. Parece que la estabilidad es un lujo en los pasillos de la administración pública, donde la precariedad de los cargos temporales se vuelve una constante.
La Resolución 1040/2025 designa transitoriamente a María Eugenia Barbieri (MI N° 31.461.928) como Directora Nacional de Operaciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). Un puesto clave en un organismo vital para la sanidad agroalimentaria, que se otorga de forma temporal desde febrero y por un plazo definido, generando interrogantes sobre la búsqueda de eficiencia a largo plazo.
Además, las resoluciones 1045/2025, 1046/2025, 1047/2025 y 1048/2025 prorrogan por ciento ochenta (180) días hábiles las designaciones de varios funcionarios. Entre ellos, Florencia Mazzinghi (MI N° 27.860.629) en Transparencia e Información Minera; Julieta Perrusi (MI N° 26.147.944) en Auditoría Legal; y Leonardo Héctor Taverna (MI N° 25.188.339) y Arianne Ramírez Pécora (MI N° 18.879.198) en la Tesorería General de la Nación y la Dirección General de Sistemas Informáticos, respectivamente. También se prorrogan otros cargos en diversas dependencias del Ministerio.
Este modus operandi de designaciones transitorias y sus constantes prórrogas genera una sensación de provisionalidad en la estructura estatal. Si bien el Gobierno defiende estas prácticas como herramientas de gestión flexible, la ciudadanía se pregunta si esto garantiza la continuidad y solidez de las políticas públicas. La burocracia, con sus tiempos y sus formas, sigue siendo un actor principal en cada Boletín. Para los ciudadanos comunes, esto significa que las caras y las responsabilidades en áreas clave pueden seguir cambiando, impactando la continuidad de la gestión pública.
