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Una serie de movimientos internos sacude la administración bonaerense: desde jubilaciones con 'bonus' hasta renuncias de alto perfil en la cúpula educativa y una reubicación clave en Educación Superior. ¿Qué se esconde detrás de esta danza de nombres?
La burocracia bonaerense no descansa, y el Boletín Oficial de hoy revela una verdadera danza de nombres y cargos que impacta directamente en áreas sensibles como la Educación y la Justicia. Se trata de una serie de movimientos de personal que, aunque rutinarios en apariencia, dibujan un escenario de cambios en la gestión pública.
Primero, la agente Sandra Elizabeth NATALE (DNI N° 16.100.031), tras una trayectoria de treinta y ocho años, nueve meses y cinco días en la Administración Pública, se retira con una retribución especial sin cargo de reintegro prevista por la Ley Nº 13.355. Un 'bonus' por una carrera dedicada al estado.
En el ámbito de la Justicia, MALEN SABELLA (DNI N° 39.151.690), del Patronato de Liberados Bonaerense, obtuvo un permiso sin goce de haberes por casi un año para dedicarse a sus estudios, una muestra de flexibilidad laboral en la administración pública.
Pero es en la Dirección General de Cultura y Educación donde se concentra la mayor agitación. Se aceptaron las renuncias de figuras clave: Silvio Adrián MAFFEO (DNI 14.857.101) como Director de Inspección General, Viviana Raquel TAYLOR (DNI 17.557.700) de la Dirección de Formación Docente Inicial, y Adriana Raquel JUAREZ (DNI 20.469.311) como Subdirectora de Coordinación de Jefaturas Regionales y Distritales. Tres bajas importantes que, en conjunto, podrían indicar una reestructuración o un cambio de rumbo en la Subsecretaría de Educación.
Finalmente, Carlos Alberto GRANDE (DNI 20.862.566), quien fuera Director de Formación Docente Permanente, fue redesignado como Director Provincial de Educación Superior. Un movimiento estratégico que lo coloca al frente de un área crucial para el futuro de la educación en la provincia. Estos cambios, aunque administrativos, son el pulso de la gestión y la política interna que define el funcionamiento de los servicios públicos.
