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La Secretaría General de la Presidencia distribuye bienes de aduana incautados a provincias y ONGs. ¿Un gesto de ayuda social o una gestión eficiente de lo que el Estado no usa?
En un acto de redistribución con impacto social, la Subsecretaría de Gestión Institucional de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación ha dispuesto la cesión sin cargo de bienes de rezago aduanero a varias entidades provinciales y una importante ONG. Esta medida, amparada en la Ley Nº 25.603, busca dar una segunda vida a mercaderías que, de otra forma, quedarían en depósitos fiscales.
Las Disposiciones 90, 91 y 92/2025, todas del 11 de diciembre, detallan las siguientes entregas:
La ley es clara: las mercaderías cedidas no podrán ser comercializadas por un plazo de CINCO (5) años. Esto asegura que los bienes lleguen directamente a quienes más los necesitan, sin intermediarios ni fines de lucro. Es una estrategia estatal para capitalizar lo incautado y transformarlo en ayuda tangible, aliviando carencias y fortaleciendo la capacidad de respuesta de gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil en un contexto de emergencia social.
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