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La Secretaría General de la Presidencia cede sin cargo a la Red Argentina de Bancos de Alimentos una montaña de mercadería incautada, desde comida hasta medicamentos. Un golpe contundente contra el desperdicio y un alivio directo para miles de argentinos en situación de emergencia social.
¡Noticia que conmueve y alimenta! La Secretaría General de la Presidencia de la Nación, a través de su Subsecretaría de Gestión Institucional, acaba de dar un paso gigantesco en la lucha contra el hambre y el desperdicio. Mediante la Disposición 57/2025, se cede sin cargo a la Red Argentina de Bancos de Alimentos – Federación una enorme cantidad de bienes de rezago aduanero.
Estamos hablando de mercadería de primera necesidad: alimentos, artículos para la higiene personal, ropa de cama y de vestir, calzado y medicamentos. Estos bienes, que de otra manera podrían terminar en el olvido o la destrucción, ahora tienen un destino noble: serán distribuidos a organizaciones comunitarias vinculadas con los Bancos de Alimentos de todo el país. Es una aplicación directa y efectiva del Artículo 4º de la Ley Nº 25.603, que permite que el Servicio Aduanero ponga a disposición del Estado estas mercaderías para fines sociales.
"El Servicio Aduanero pondrá a disposición de la SECRETARÍA GENERAL de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, los alimentos, artículos para la higiene personal, ropa de cama y de vestir y calzado, todas ellas mercaderías básicas y de primera necesidad y medicamentos, para que sean afectados para su utilización por algún organismo, repartición nacional, provincial o municipal u organizaciones no gubernamentales, cuando las condiciones de emergencia social del lugar lo aconsejen."
Un detalle crucial es que la ley prohíbe terminantemente la comercialización de estos bienes por parte de los beneficiarios por un plazo de CINCO (5) años a partir de su recepción, asegurando que lleguen a quienes realmente los necesitan. La Red Argentina de Bancos de Alimentos deberá informar la fecha de retiro de la mercadería y, en un plazo de NOVENTA (90) días hábiles, remitir la conformidad de inventario. Esta medida no solo es un acto de profunda solidaridad, sino también un ejemplo de eficiencia en la gestión de recursos estatales para atender la emergencia social que atraviesa gran parte de la población.
