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El Ente Nacional de Comunicaciones ratificó una vieja decisión, rechazando un Recurso de Reconsideración de TELECOM ARGENTINA S.A. contra una resolución de 2017. Un revés para la gigante de las telecomunicaciones que mantiene viva una disputa legal de años.
En un movimiento administrativo que resuena en las altas esferas de las telecomunicaciones, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) ha vuelto a sentenciar en contra de TELECOM ARGENTINA S.A. La Resolución N° 329/2025 rechaza de forma contundente el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa.
Este recurso apelaba la Resolución N° 989 de ENACOM, ¡con fecha de 15 de febrero de 2017! Estamos hablando del epílogo de una disputa legal que se arrastra por ocho años. La persistencia de Telecom en apelar y la ratificación de ENACOM subrayan la importancia del asunto subyacente, aunque el extracto no detalla la naturaleza de la resolución original. Podría tratarse de multas significativas, regulaciones de servicios o alguna controversia sobre licencias que afecta sus operaciones.
Para TELECOM ARGENTINA S.A., este rechazo implica que la decisión original de ENACOM de 2017 queda firme en esta instancia administrativa. Si bien no es una cancelación de licencia, la ratificación de una resolución adversa puede tener implicaciones económicas o regulatorias considerables para la compañía, dependiendo de la materia en cuestión.
"Rechácese el Recurso de Reconsideración interpuesto por la empresa TELECOM ARGENTINA S.A. contra la Resolución del ENTE NACIONAL DE COMUNICACIONES N° 989 de fecha 15 de febrero de 2017..."
El hecho de que una empresa de la magnitud de Telecom siga batallando legalmente por una resolución de hace casi una década resalta la complejidad y la conflictividad del marco regulatorio argentino. ENACOM, al mantener su postura, refuerza su rol como guardián de las normativas, incluso frente a los pesos pesados del sector. Es una señal de que la autoridad regulatoria no cede fácilmente ante la presión de las grandes corporaciones, marcando un fuerte control estatal sobre las operaciones privadas.
