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El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) arremete con una serie de resoluciones que dejan en jaque a decenas de cooperativas y mutuales, retirando autorizaciones, revocando permisos y cancelando inscripciones. ¿Fin de la fiesta para las organizaciones que no cumplen?
El INAES ha desatado una verdadera purga en el sector social, aplicando sanciones que van desde el retiro de autorización para funcionar hasta la cancelación definitiva de inscripciones. En una jugada sin precedentes, se revocaron las autorizaciones iniciales a 12 cooperativas de trabajo de la provincia de Buenos Aires, bajo el término de 'revocar por contrario imperio'. Esto sugiere que sus permisos originales podrían haber sido irregulares o haber sido otorgados bajo condiciones que ya no se sostienen, implicando una revisión profunda de autorizaciones de 2023 y 2024. Además, se canceló la inscripción de 12 mutuales y 8 cooperativas en los registros nacionales, lo que implica su desaparición legal y el cese de sus actividades.
Esta embestida del INAES golpea directamente a miles de asociados y trabajadores que dependían de estas entidades para vivienda, consumo, servicios o asistencia. La pérdida de la autorización o la cancelación de la matrícula significa el cese de operaciones y la disolución de proyectos, dejando a muchas personas en la incertidumbre. Para el sector en general, es una clara señal de que la laxitud administrativa llegó a su fin y que el organismo regulador no dudará en aplicar la máxima pena a quienes no cumplan con la normativa.
Estas medidas se enmarcan en un contexto de mayor fiscalización y control por parte del Estado sobre las organizaciones de la economía social, buscando transparentar su funcionamiento y asegurar el cumplimiento de las leyes vigentes (Ley N.º 20.337 para cooperativas y Ley N.º 20.321 para mutuales). La decisión del INAES puede interpretarse como un intento de sanear el padrón de entidades, eliminando aquellas que no cumplen con los requisitos legales o que, directamente, podrían haber sido constituidas con fines espurios. Si bien busca proteger a los verdaderos cooperativistas y mutualistas, genera un clima de tensión y preocupación en el sector. Las entidades afectadas tienen plazos para interponer recursos administrativos o judiciales, pero el mensaje es contundente: el INAES está depurando el sistema.
