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El Poder Ejecutivo extiende por 60 días el plazo para transformar empresas públicas en Sociedades Anónimas, evidenciando la complejidad del proceso y la 'grave situación administrativa' que enfrentan.
En un movimiento que vuelve a poner en el centro de la escena la reforma del Estado, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 1120/2024, prorrogó por SESENTA (60) días el plazo para la transformación de las empresas públicas en Sociedades Anónimas. Esta medida, que ya había sido extendida una vez, subraya las dificultades que enfrenta la administración para avanzar con uno de sus ejes principales: la desregulación y la privatización.
El polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 70/23, que declaró la emergencia pública en varias materias hasta fines de 2025, había ordenado la modificación del estatus jurídico de las empresas públicas, transformándolas en Sociedades Anónimas bajo la Ley General de Sociedades N° 19.550. Inicialmente, se estableció un plazo de 180 días para esta implementación, que luego fue prorrogado por el Decreto N° 553/24. Ahora, la persistencia de lo que el propio decreto describe como el "grave estado administrativo de las referidas organizaciones" obliga a una nueva extensión.
Para los mercados, la noticia puede generar una mezcla de señales. Por un lado, la prórroga indica que el gobierno sigue comprometido con la reestructuración de estas empresas, lo cual podría ser visto como positivo en el largo plazo para quienes apuestan por una mayor participación privada. Por otro, la necesidad de una nueva extensión, sumando ya 300 días de plazo para una tarea que se esperaba más ágil, pone de manifiesto la enorme burocracia y el estado crítico de las finanzas y la administración de estas entidades. Esto podría generar dudas sobre la velocidad y viabilidad de futuras privatizaciones o concesiones.
La medida, dictada en Acuerdo General de Ministros, también deberá ser comunicada a la Comisión Bicameral Permanente del H. Congreso de la Nación, en línea con los procedimientos para los Decretos de Necesidad y Urgencia. La batalla por el destino de las empresas públicas argentinas está lejos de terminar.
