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El Patronato de Liberados y la Junta Electoral bonaerense, bajo la lupa por la salida de agentes. Entre rechazos de retribuciones especiales y deudas saldadas, los movimientos de personal generan interrogantes sobre la gestión pública.
La administración pública bonaerense se ve sacudida por resoluciones que exponen las complejidades de la gestión de personal, donde renuncias y beneficios se entrelazan con deudas y requisitos legales. El Boletín Oficial revela casos que ponen en el centro de la escena las políticas internas de los organismos estatales.
Uno de los focos está en la renuncia de Micaela Nadiria Falcone (D.N.I. N° 28.052.795) a su cargo de Licenciada en Psicología en el Patronato de Liberados Bonaerense. Si bien su renuncia fue aceptada a partir del 1° de mayo de 2025, la agente se topó con un rechazo rotundo a su solicitud de la "retribución especial sin cargo de reintegro" prevista en la Ley N° 13.355. La razón esgrimida: no cumplía con los requisitos. Curiosamente, la agente ya había regularizado una deuda de $629.017 que tenía con el organismo. Además, se le exigió la devolución de su credencial de IOMA, la obra social provincial. Este caso resalta la rigidez de la normativa y las consecuencias financieras para los agentes que no cumplen con cada detalle.
En contraste, la Junta Electoral de la Provincia también aceptó la renuncia de Blanca Elena Molina (DNI 18.333.510), una agente de larga trayectoria con más de 38 años de servicio. A diferencia de Falcone, Molina sí recibió la controvertida "retribución especial sin cargo de reintegro", lo que deja entrever la discrecionalidad o, al menos, la aplicación diferenciada de la Ley N° 13.355 según cada caso. La resolución detalla su extenso recorrido en la administración pública y el cargo de Subdirectora de Personal, que ocupó por más de 36 meses. La financiación de este beneficio provendrá del presupuesto provincial de 2023, prorrogado para 2025.
Estos movimientos de personal, si bien rutinarios, ponen de manifiesto las internas burocráticas y la importancia crítica de entender la letra chica de las normativas de empleo público, especialmente cuando hay beneficios económicos en juego. Ciudadanos y empleados deben estar atentos a estas decisiones que, aunque específicas, reflejan el pulso de la administración estatal.
