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Un decreto presidencial sacude la estructura del Ministerio de Justicia, con transferencias de áreas clave a Seguridad, redefinición de roles en Derechos Humanos y un nuevo foco en la lucha contra la trata de personas.
El Ministerio de Justicia ha sido objeto de una profunda reestructuración, un verdadero "terremoto" burocrático que redefine su organigrama y objetivos. El Decreto 605/2025, firmado el 22 de agosto de 2025, no solo ajusta las piezas internas, sino que también traslada funciones sensibles a otras carteras, especialmente al de Seguridad Nacional.
La medida más resonante es la transferencia de la Dirección del Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual desde la Subsecretaría de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia al Ministerio de Seguridad Nacional. Esta movida implica no solo el traspaso de competencias, sino también de "créditos presupuestarios, bienes y dotaciones vigentes", lo que representa un cambio significativo en la gestión de una herramienta clave para la investigación criminal.
El decreto también impacta directamente en el área de Derechos Humanos. Se suprimen responsabilidades primarias y acciones de las ex-Secretarías y Subsecretarías de Derechos Humanos, al tiempo que se transforma el ARCHIVO NACIONAL DE LA MEMORIA y el MUSEO DE SITIO ESMA - EX-CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN, TORTURA Y EXTERMINIO en unidades organizativas que se incorporan al CENTRO INTERNACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (CIPDH). Esta centralización busca, según los considerandos, una mayor eficiencia y coherencia en la política de memoria.
Además, se redefinen los objetivos de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA CRIMINAL, que ahora tendrá un rol más explícito en "el rescate, asistencia y acompañamiento de las personas damnificadas por el delito de trata", coordinando acciones con organismos nacionales e internacionales. Esta focalización es un mensaje claro sobre la prioridad que el gobierno le otorga a esta problemática.
Finalmente, se suprime la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO NACIONAL DE BIENES SECUESTRADOS Y DECOMISADOS DURANTE EL PROCESO PENAL, lo que simplifica la estructura pero también plantea interrogantes sobre la gestión de esos bienes. Estos cambios, aunque se presentan como una "adecuación", reflejan una reingeniería profunda del aparato estatal, con implicaciones políticas y operativas que darán que hablar.
