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El Ministerio de Economía fulmina una docena de programas sociales y de infraestructura habitacional, exigiendo la devolución de fondos y redefiniendo la relación con provincias y municipios. ¡Millones de proyectos en la cuerda floja!
Un mazazo para el sector de la vivienda social y la infraestructura. La Resolución 1199/2025 del Ministerio de Economía ha derogado una batería de programas clave que, hasta ahora, financiaban construcciones y mejoras habitacionales en todo el país. Desde el célebre "Programa Federal Argentina Construye" y "Casa Propia – Construir Futuro" hasta "Reconstruir" y "Habitar la Emergencia", el Ejecutivo decidió pasar la motosierra argumentando la necesidad de "mayor eficiencia y eficacia en la gestión del Estado Nacional" en el marco de la emergencia pública.
La resolución establece lineamientos drásticos para los convenios que siguen en ejecución. Si hay incumplimiento de parte de provincias, CABA o municipios, se exigirá la recuperación de fondos. Pero la novedad más impactante es que, si no hay incumplimiento, los entes locales podrán asumir el financiamiento de la obra. ¡Un pase de factura millonario!
Además, se implementa un sistema de recupero de fondos para los adjudicatarios, con cuotas mensuales que no podrán superar el 30% de los ingresos familiares y se actualizarán por el valor de la Unidad de Vivienda (UVI). Esto significa que el costo de las obras ya no será un subsidio puro, sino un crédito que deberá ser devuelto, con la posibilidad de excepciones para grupos vulnerables.
Esta medida no solo afecta la construcción, sino también la planificación territorial y el acceso a la vivienda para sectores vulnerables. La derogación de programas como el "Plan Nacional de Suelo Urbano" o el "Programa de Regularización Dominial" deja un vacío en políticas de largo aliento. El Gobierno busca reordenar la obra pública, pero el impacto social y económico de esta decisión masiva es incierto y genera una enorme preocupación en municipios y provincias que dependían de estos fondos.
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