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Desde General San Martín hasta Suipacha y Rauch, el Estado convoca a miles de bonaerenses a blanquear sus propiedades. ¿Quiénes son los verdaderos dueños? Un laberinto burocrático que busca poner fin a décadas de informalidad y que podría cambiar el mapa de la propiedad en la provincia.
Una avalancha de edictos publicados en el Boletín Oficial revela la magnitud del esfuerzo estatal por regularizar la situación dominial de miles de inmuebles en la Provincia de Buenos Aires. Municipios como General San Martín y Suipacha, junto con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA), están citando y emplazando a ciudadanos y terceros que se consideren con derechos sobre diversas propiedades. El objetivo: formalizar la posesión y otorgar escrituras traslativas de dominio a los ocupantes actuales, poniendo fin a la informalidad que ha caracterizado a muchas viviendas por años.
En General San Martín, se busca escriturar un inmueble en Villa Ballester (Diagonal 95 N° 4654) a favor de su ocupante actual, un trámite que se ampara en la Ordenanza N° 13031/25. Por su parte, la Municipalidad de Suipacha es la que más ruido hace, con siete edictos simultáneos que convocan a propietarios de inmuebles en calles como Dr. Cusa N° 480, Colectividad Vasca N° 719, Padre Luis Brady N° 419 y N° 437, La Construcción N° 2400, De los Inmigrantes N° 872 y Salta N° 196. Estos procesos se enmarcan en la Prescripción Administrativa (Ley 24320), ofreciendo a quienes demuestren derechos un plazo de diez días corridos para presentarse.
El IVBA no se queda atrás, con un Plan de Escrituración que abarca los barrios "Rauch 40 Viv." y "Rauch 103 Viv.", citando a decenas de adjudicatarios y terceros para que, en un plazo de treinta días, puedan oponerse o acreditar su documentación. Entre los beneficiarios se encuentran familias como los Toucoulet, Di Candilo, Díaz Dema, Faccio, Rosales, Martínez, Rattiguen, Rabainera, Di Biasse, Carsaniga, Lescano, Lupori Papponetti, Turco, Gómez, Sequeira, Casal, Gigena, Acuña y Sánchez, cuyos DNI son explícitamente mencionados.
La regularización dominial es una oportunidad histórica para miles de familias de obtener la seguridad jurídica de su hogar. Sin embargo, también abre la puerta a posibles conflictos si terceros aparecen con derechos legítimos sobre las propiedades. Para los ciudadanos comunes, esto significa:
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