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Una serie de avisos oficiales revelan el lento pero constante movimiento de la burocracia estatal, desde la inscripción de obras hasta la disputa por honorarios judiciales.
Mientras el país se debate entre grandes titulares, la maquinaria administrativa del Estado no se detiene, aunque a veces lo haga con la parsimonia de un expediente olvidado. Dos avisos en el Boletín Oficial nos dan una ventana a este universo de trámites que, aunque parezcan menores, son esenciales para el funcionamiento del sistema.
Por un lado, la Dirección Nacional del Derecho de Autor del Ministerio de Justicia ha publicado el listado de Obras Publicadas presentadas a inscripción durante la última semana de agosto de 2025. Esto es un recordatorio de que, día a día, la creatividad argentina sigue produciendo y buscando su resguardo legal. Autores, artistas y editoriales confían en este registro para proteger sus creaciones, un paso fundamental en la defensa de la propiedad intelectual. Si bien es un trámite rutinario, la publicación garantiza la transparencia y el acceso a la información para quienes buscan consultar el estatus de una obra o verificar su autoría.
Por otro lado, el Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G, nos sumerge en un microdrama legal. En el caso "SILA ARGENTINA SA C/DGAS/ RECURSO DE APELACION" (Expte. N° 39.369-A), se dictó una resolución que fijaba los honorarios profesionales de la representación fiscal en 1 UMA, equivalente a diez mil cuatrocientos pesos ($10.400.-), a cargo de la empresa actora, SILA ARGENTINA SA. Sin embargo, en un giro inesperado, el Fisco Nacional interpuso un recurso de apelación por considerar esos honorarios bajos, y la apelación fue concedida. Esto significa que la batalla legal por el monto final de esos honorarios continuará. Es un ejemplo vívido de cómo, incluso en los detalles más pequeños, la disputa económica entre el Estado y los particulares puede ser persistente y compleja. Para los ciudadanos comunes, esto subraya la importancia de la planificación legal y fiscal ante cualquier contienda con el Estado, ya que los costos pueden escalar y los procesos extenderse.
