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El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) desató una ola de cancelaciones y retiros de autorización que afecta a decenas de cooperativas y mutuales en todo el país. Desde Buenos Aires hasta Santa Cruz, un ajuste implacable sacude al sector.
Una verdadera purga administrativa ha sacudido al vasto universo de la economía social argentina. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), con sede en la Ciudad de Buenos Aires, ha emitido dos avisos oficiales que detallan la cancelación de matrícula y el retiro de autorización para funcionar de un número impactante de cooperativas y mutuales a lo largo y ancho del país. La medida, que afecta a decenas de entidades, se extiende por provincias como Buenos Aires, Capital Federal, Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán.
Las entidades afectadas son de lo más diversas: desde cooperativas agrícolas y ganaderas hasta cooperativas de trabajo en sectores como logística, informática, construcción y transporte, pasando por cooperativas de vivienda, consumo y servicios públicos, y una miríada de asociaciones mutuales de empleados, jubilados, docentes y profesionales. Esto significa que miles de argentinos, directos e indirectos, se verán impactados por estas decisiones, que van desde la imposibilidad de operar legalmente hasta la disolución de proyectos comunitarios y laborales.
Los avisos del INAES, respaldados por diversas resoluciones de 2024, señalan que estas entidades han perdido su condición legal para operar. Si bien no se especifican las razones individuales de cada baja, este tipo de acciones suelen responder a incumplimientos normativos, falta de presentación de balances, inactividad prolongada o irregularidades administrativas. Para el organismo, es una forma de "limpiar" el registro y asegurar la transparencia y el correcto funcionamiento del sector.
La magnitud de esta "barrida" sugiere una política de mayor control y rigor sobre el sector cooperativo y mutual. Si bien desde el INAES se argumenta que busca garantizar la seriedad y el cumplimiento de la ley, para muchas de estas organizaciones, especialmente las más pequeñas, esto podría significar el fin de sus actividades. Es un recordatorio brutal de la importancia de mantener la documentación y la actividad en regla para cualquier entidad de la economía social.
Para los ciudadanos comunes, esta medida implica un llamado de atención sobre la necesidad de verificar la situación legal de cualquier cooperativa o mutual con la que interactúen. Las entidades afectadas tienen plazos específicos para presentar recursos de revisión, reconsideración o alzada, en un intento por revertir su situación. Se sugiere a los miembros de estas entidades que contacten al INAES para conocer los pasos a seguir.
6 de enero de 2026
30 de septiembre de 2025
16 de enero de 2026
