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Militares en la mira médica y documental, mientras empresas y particulares enfrentan ultimátums y fallos con costos millonarios del Tribunal Fiscal. ¡Ignorar puede salir muy caro!
El Boletín Oficial de hoy trae un aluvión de notificaciones cruciales que podrían cambiar la vida de varios ciudadanos y empresas. En un giro inesperado, la Gendarmería Nacional Argentina ha emitido avisos contundentes. El Sargento Aquiles Guillermo ORTEGA (D.N.I. N° 30.075.210), quien sirvió en la Unidad de Inteligencia Criminal “IGUAZÚ”, tiene una cita obligatoria con la Junta Superior de Reconocimientos Médicos el 28 de octubre de 2025. Debe presentar informes psiquiátricos y psicológicos, y su estadía en la capital será de tres días. ¡El incumplimiento podría tener graves consecuencias disciplinarias! Por su parte, la Ex Cabo Comisión Diana Soledad INSAURRALDE (D.N.I. N° 35.227.299) debe presentarse en la Dirección de Recursos Humanos o en el Escuadrón 20 “ORAN” en un plazo de diez días hábiles para retirar documentación vital.
Pero no solo la fuerza de seguridad está activa. El Tribunal Fiscal de la Nación también ha movido sus fichas con decisiones que impactan el bolsillo. La Sala E ha intimado a la empresa CINTELBA S.A. (Expte. Nº 31.960-A) a presentarse por sí o por apoderados en un plazo de veinte días bajo apercibimiento de rebeldía. ¡Una situación que podría complicar seriamente su situación fiscal! En otro frente, la Sala D ha dictado sentencia en el caso “Fau José s/ apelación” (Expedientes N° 28.843-I y N° 29.592-I). El Tribunal rechazó la defensa de nulidad y confirmó las resoluciones originales, pero, en un detalle que alivia un poco, dejó sin efecto las sanciones aplicadas conforme al Artículo 54 de la Ley 11.683. Sin embargo, el alivio viene con un costo: se regularon honorarios millonarios para los profesionales del Fisco Nacional, que el recurrente deberá afrontar. Las sumas van desde $32.841 hasta $233.280 por las distintas etapas del litigio.
Estos avisos, aunque específicos, son un recordatorio de la implacable maquinaria administrativa y judicial del Estado. Para el ciudadano común o la pequeña empresa, ignorar una notificación puede desencadenar una cascada de problemas legales y financieros. Es crucial mantenerse informado y actuar con celeridad ante cualquier llamado oficial.
