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Néstor Guido, con DNI 12.924.660, solicita su reincorporación al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Quilmes. Quienes tengan objeciones a su retorno, disponen de quince días hábiles para presentarlas en la sede del Colegio. Un trámite que podría reconfigurar el panorama de los remates en la zona.
Una noticia que sacude al sector de los remates en Quilmes: Néstor Guido, identificado con DNI N° 12.924.660 y domiciliado en Juan B. Justo, Don Bosco, ha presentado formalmente su solicitud de reincorporación ante el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Quilmes. Este movimiento, que se enmarca en la LEY N° 10.973 y su Decreto Reglamentario 3630/91, abre un período de incertidumbre y expectativa en el ámbito profesional.
La publicación de esta solicitud, que se realiza por un día en el Boletín Oficial, es un paso fundamental en el proceso. Permite que cualquier persona o entidad que tenga motivos para oponerse a la reincorporación de Guido presente sus objeciones. Este mecanismo busca garantizar la transparencia y la idoneidad de quienes ejercen la profesión de martillero y corredor público, una figura clave en transacciones de bienes inmuebles y muebles.
Los interesados en oponerse tienen un plazo de quince días hábiles para formalizar sus presentaciones. La sede designada para ello es la calle H. Primo 281, en Quilmes. La fecha del aviso, firmada por Edgardo R. Amore, Secretario General, es el 29 de diciembre de 2025, lo que marca el inicio de este período crucial.
Este tipo de trámites, aunque administrativos, son vitales para el control y la ética profesional. La reincorporación de un martillero no es un mero formalismo; implica su habilitación para realizar subastas y operaciones de corretaje, manejando bienes y patrimonios de terceros. Por ello, la comunidad y los colegas tienen la oportunidad de manifestar cualquier antecedente relevante que pudiera influir en la decisión del Colegio. Es una medida que, si bien individual, refuerza la confianza en la institución y en los profesionales que la integran.
Para los ciudadanos comunes, la importancia radica en la confiabilidad de los profesionales con los que interactúan. Saber que existe un proceso de escrutinio público para quienes ejercen estas funciones brinda una capa adicional de seguridad en operaciones que, a menudo, implican grandes sumas de dinero y compromisos legales.
