¡Universidades en el Ojo de la Tormenta! Debaten Autonomía y Control Estatal

El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, pone la lupa sobre las universidades privadas con dos resoluciones que marcan la cancha. Por un lado, la Resolución 3/2025 aprueba el nuevo estatuto de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SALTA, una movida que valida la estructura interna de esta institución. Sin embargo, el texto oficial no se guarda las críticas: se señala una "cierta indeterminación en la integración del Consejo Académico" y una "clara prevalencia de las figuras del Rector y el Gran Canciller por sobre el resto de las autoridades". Aunque se justifica por el "especial estatus" de la Iglesia Católica y el respeto a sus "cosmovisiones", la Secretaría no deja de recordar la "responsabilidad principal e indelegable de promover formas de organización y procesos democráticos en materia de Educación Superior" que tiene el Estado. Se "sugiere" a la universidad considerar estas observaciones para futuras reformas, un claro llamado de atención a la gobernanza interna.

Por otro lado, la Resolución 4/2025 da luz verde al estatuto académico de la UNIVERSIDAD HOSPITAL ITALIANO DE BUENOS AIRES. Este paso es consecuencia de la autorización previa para que el ex Instituto Universitario cambie su estatus a Universidad. En este caso, el análisis fue más sencillo, concluyendo que el texto "se ajusta a las previsiones de la Ley de Educación Superior N° 24.521, no existiendo observaciones que formular".

"El Estado Nacional tiene también la responsabilidad principal e indelegable de promover formas de organización y procesos democráticos en materia de Educación Superior."

Estas resoluciones muestran la tensión constante entre la autonomía de las instituciones privadas y el rol de fiscalización del Estado. Mientras que la Universidad Hospital Italiano cumple sin objeciones, la Católica de Salta recibe un tirón de orejas, evidenciando que el control estatal no es meramente formal y que busca resguardar principios democráticos en la gestión educativa. Para estudiantes y docentes, esto puede significar un mayor debate sobre la participación en las decisiones universitarias.