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La Dirección Nacional de Vialidad sanciona y advierte a Caminos del Río Uruguay S.A. por graves incumplimientos en el mantenimiento de rutas clave. Millonarias multas y un futuro incierto para la empresa en concurso preventivo.
La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ha puesto en el ojo de la tormenta a Caminos del Río Uruguay Sociedad Anónima, la concesionaria del Corredor Vial N° 18, con dos resoluciones que destapan serios problemas en el mantenimiento de las Rutas Nacionales A015 y 14.
En la Resolución 1994/2025, la DNV no dudó: aplicó una multa contundente de 53.737 unidades de penalización (un monto que se calcula sobre la tarifa vigente) a Caminos del Río Uruguay S.A. ¿El motivo? Una alarmante falta de mantenimiento en la señalización horizontal de 109 kilómetros de la Ruta Nacional N° 14. Lo más grave es que estas deficiencias, que ponen en riesgo la seguridad vial, no fueron reparadas a tiempo, incluso con la concesionaria ya en concurso preventivo y con su contrato prorrogado por la propia DNV para evitar un vacío operativo.
Paradójicamente, la Resolución 1989/2025 muestra una cara diferente. Aunque se imputó a la misma empresa por desprendimientos en la calzada de la Ruta Nacional N° A015, no se aplicó ninguna penalidad económica. ¿La razón? Los baches fueron subsanados ¡dentro de las 24 horas de la constatación! Una rapidez que contrasta con la desidia en la señalización.
Ambas resoluciones resaltan el delicado estado de la concesionaria, que se encuentra en concurso preventivo desde marzo de 2023. A pesar de sus problemas financieros, la DNV ha sido tajante: los incumplimientos contractuales no prescriben tan fácilmente y la empresa no puede excusarse en su situación económica para descuidar la seguridad de los usuarios. La prórroga de la concesión, otorgada para "garantizar la operatividad y servicios al usuario" ante la falta de otros operadores, no le quita la obligación de mantener las rutas en condiciones óptimas.
"Si la penalidad fuera anulada, la Concesionaria podría beneficiarse económicamente de un doble beneficio: por un lado, al no abonar la penalidad, y por otro, al recibir ingresos derivados de los ajustes tarifarios aprobados."
Este caso destapa las complejidades de las concesiones viales en crisis y la difícil tarea del Estado para asegurar la calidad de la infraestructura mientras lidia con empresas en dificultades financieras. Los ciudadanos, mientras tanto, esperan rutas seguras y bien mantenidas.
