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El Ejecutivo autoriza la privatización total de Corredores Viales S.A., transfiriendo la explotación de la red vial nacional al sector privado mediante concesiones. ¡Un cambio de época para las rutas argentinas que busca acabar con el déficit millonario!
El Decreto 97/2025 acaba de firmar la sentencia de muerte para CORREDORES VIALES S.A., la empresa estatal que administraba casi la mitad de la red vial nacional. El Gobierno de Milei autorizó la privatización total de la compañía, un paso drástico que busca acabar con el déficit fiscal y mejorar la infraestructura vial del país.
La decisión surge tras un resultado negativo de $142.205.649.349 en 2023 y pérdidas acumuladas por $268.676.670.507, cifras que obligaron al TESORO NACIONAL a inyectar $301.010.910.761 en 2024. El plan es claro: extinguir los contratos de concesión actuales, licitar la explotación de los corredores viales a empresas privadas bajo el régimen de obra pública por peaje (Ley N° 17.520) y, finalmente, disolver y liquidar la empresa estatal. Se delega en el MINISTERIO DE ECONOMÍA la facultad de llamar a licitación pública nacional e internacional, incluso modificando la conformación de los tramos viales.
Para el ciudadano, esto significa que la gestión de las rutas pasará enteramente a manos privadas. Aunque el Gobierno promete mejoras en la infraestructura y una mayor eficiencia, la experiencia indica que los peajes podrían sufrir ajustes para garantizar la rentabilidad de las nuevas concesionarias. La medida, enmarcada en la Ley N° 27.742 que declaró a la empresa "sujeta a privatización", representa un giro radical en la política de infraestructura y un fuerte mensaje de desregulación y achicamiento del Estado en la economía. ¿Será la llave para rutas de primera o una carga más para el bolsillo?
