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Dos resoluciones clave revelan redeterminaciones millonarias para obras ya en marcha en Carlos Casares y Roque Pérez. ¿El Estado pagando la inflación o un nuevo festival de ajustes?
¡Atención, contribuyentes! El Boletín Oficial bonaerense nos trae dos resoluciones que confirman lo que muchos temían: la escalada de precios sigue impactando en la obra pública, forzando al Estado a desembolsar millones extra para mantener los proyectos en marcha. La Resolución N° 66-SSRHMIYSPGP-2026 aprueba la redeterminación definitiva de precios para la obra de “Readecuación de Desagües Pluviales Red M-N y Lago Receptor en Carlos Casares”, a cargo de la empresa DANIEL AGUSTIN GIACOIA. El ajuste implica un reconocimiento de $58.519.644,00 a favor del contratista, sumando más de $60 millones al costo total de la obra. Este monto se suma a los casi $222 millones ya abonados como ajuste provisorio.
En la misma línea, la Resolución N° 54-SSOPMIYSPGP-2026 hace lo propio con la “Construcción CAPS en Municipio de Roque Pérez”, ejecutada por BAUBER S.A. Aquí, la diferencia a favor de la empresa es de $14.504.728,87, elevando el total de esta redeterminación a más de $15 millones. Al igual que en el caso anterior, este ajuste se realiza sobre un monto provisorio de casi $183 millones ya desembolsados.
“La redeterminación de precios es un mecanismo necesario para asegurar la continuidad de las obras en un contexto inflacionario, pero siempre bajo estricto control”, se justifican desde el Ministerio.
Para las empresas constructoras, estas redeterminaciones son un salvavidas que les permite compensar el aumento de costos de materiales y mano de obra, evitando la paralización de las obras. Sin embargo, para las arcas provinciales y, en última instancia, para los ciudadanos, significa un incremento significativo en el gasto público. La letra chica de estas resoluciones siempre incluye una cláusula donde el contratista “renuncia a todo reclamo por mayores costos, intereses, compensaciones, gastos o supuestos perjuicios”, una condición vital para cerrar el trato.
Lo que debe saber el ciudadano: Estos ajustes son legales y están previstos por decretos como el N° 290/21. Sin ellos, muchas obras podrían quedar inconclusas, pero el costo final para el erario público siempre será mayor al original. Es crucial que los organismos de control, como la Contaduría General y Fiscalía de Estado, sigan de cerca estos movimientos millonarios.
