¡Adiós a los Monopolios Estatales! El Gobierno Extiende Plazo para Abrir Contratos

En un movimiento que busca consolidar su agenda de desregulación y apertura de mercados, el Gobierno Nacional, a través del Decreto 591/2025, extendió hasta el 31 de diciembre de 2025 el plazo para que las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional rescindan contratos y convenios que otorgaban ventajas exclusivas a empresas estatales. Esta medida es un paso más en la aplicación del Decreto 70/23 y el Decreto 747/24, que eliminaron prerrogativas para el Banco Nación, YPF, Aerolíneas Argentinas y Nación Seguros en la provisión de servicios al Estado.

Originalmente, el plazo para la rescisión de estos contratos vencía el 22 de agosto de 2025. Sin embargo, la complejidad de los procesos licitatorios en curso para reemplazar estos servicios ha llevado a esta prórroga. La Oficina Nacional de Contrataciones ya está trabajando en licitaciones públicas nacionales para servicios clave:

• Cuentas Sueldo: Ya se adjudicó a un consorcio de bancos privados y al Banco Nación, garantizando competencia.
• Provisión de Combustibles y Gestión de Flota: El proceso licitatorio está en marcha, con varias prórrogas por consultas de interesados, y se espera su apertura para el 5 de septiembre de 2025.
• Pólizas de Seguros: También en proceso licitatorio, con apertura prevista para el 12 de agosto de 2025.

¿Qué significa para el Estado y los ciudadanos?

Esta prórroga y los procesos de licitación buscan introducir mayor competencia, transparencia y eficiencia en las contrataciones públicas. La idea es que el Estado obtenga mejores precios y condiciones al no estar atado a proveedores únicos. Para las empresas privadas, representa una oportunidad de negocio significativa al abrirse un mercado de gran volumen que antes estaba reservado.

El decreto faculta a cada jurisdicción a prorrogar o ampliar los contratos existentes con las empresas estatales hasta el 31 de diciembre de 2025, siempre y cuando lo consideren conveniente y en el marco de la transición hacia los nuevos esquemas competitivos. El objetivo final es desmantelar las estructuras de privilegio y fomentar un sistema más equitativo y competitivo en la relación del Estado con sus proveedores.